La juez Mercedes Alaya ha dictado sendos autos en los que rechaza los recursos de revisión que interpusieron el ex delegado de Empleo Antonio Rivas y el ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz contra los decretos de embargo acordados por el juzgado para garantizar las fianzas de responsabilidad civil por importes de tres y dos millones de euros que se les impuso, respectivamente. 

El ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas recurrió la decisión del juzgado de embargarle su pensión de incapacidad permanente absoluta que actualmente percibe por la "enorme desproporción" de la medida cautelar y porque esa pensión es en estos momentos el "sostén económico" de su familia, incluidos sus hijos y nietos.

Tan sólo unos días después de que el Tribunal Supremo absolviera a Antonio Rivas del presunto cohecho en Mercasevilla –la mordida de 450.000 euros que se exigió a los empresarios de La Raza-, la secretaria judicial emitió un decreto de embargo para garantizar la fianza civil de 3.323.672,49 euros que se le impuso tras su imputación en la causa de los ERE fraudulentos. En este decreto de embargo, se acordaba precisamente el embargo de la pensión de 2.554,49 euros que percibe actualmente Rivas, una medida que el juzgado sólo ha adoptado con muy pocos de los 201 imputados que hay en la causa.

El abogado Jon Ander Sánchez, que representa a Antonio Rivas, explicaba en el recurso que el decreto del juzgado adolece de una "falta de motivación", por cuanto los motivos para adoptar esta medida sobre la pensión no se han "razonado ni aludido en modo alguno en la argumentación de la resolución", ya que dicha medida sólo aparece en la parte dispositiva.

Recuerda el letrado que el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el embargo de los bienes debe hacerse "procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado", algo que, en su opinión, no se ha tenido en cuenta “en absoluto" en este caso, por cuanto que se trata de una instrucción de una causa de "extraordinario volumen, que lleva instruyéndose ya tres años y medio, y cuyo final, sencillamente, no es dable atisbar o vislumbrar a corto y medio plazo".

El recurso hacía hincapié en que desde noviembre de 2012 hasta mayor de este año, cuando se dictó la sentencia del Tribunal Supremo, Antonio Rivas estuvo condenado por el delito de cohecho y sin embargo "no se ordenaron por ningún juzgado ni tribunal los embargos en la entidad y el alcance que ahora se pretenden establecer, en una causa en la que está imputado y que permanece en estado de instrucción no se sabe por cuanto tiempo más", insiste el letrado, que concluye que el embargo de la pensión causa un "irreparable perjuicio" en la capacidad económica de Rivas y de su familia, por lo que entiende que esta medida "no está en absoluto justificada".

Alaya explica ahora en el auto que en este caso "obviamente debió apreciarse por la secretaria judicial la necesidad del embargo trabado sobre las rentas" y todo ello teniendo en cuenta “la cantidad impuesta en concepto de fianza, nada menos que 3.323.672,49 euros, la falta de designación de bienes por parte de este imputado en el requerimiento efectuado el 12 de mayo de 2012", lo que motivo que se efectúe por parte de la secretaria una “exhaustiva búsqueda integral de bienes sobre los que trabar embargo a través del sistema telemático del Punto Neutro Judicial, y por último los bienes de los que se disponía para dicho embargo a resultas de la averiguación efectuada".

Por otro lado, el juzgado de Alaya ha decretado el embargo de un coche, un Kia Ceed, a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, para cubrir la fianza de responsabilidad de dos millones que la juez Alaya le impuso "por imperativo legal", después de que la Audiencia de Sevilla le obligara a imponer una fianza al atender un recurso de la Fiscalía Anticorrupción, puesto que Alaya no le impuso ninguna medida cautelar atendiendo a la colaboración prestada por esta imputada.