Tres meses después de que la Fiscalía Anticorrupción planteara dos recursos contra la negativa de la juez Mercedes Alaya a dividir el caso de los ERE en piezas separadas y enviar la que afecta a los aforados al Tribunal Supremo, la magistrada ha elevado ambos recursos a la Audiencia de Sevilla para su resolución por este tribunal.

En una providencia que tiene fecha del pasado jueves, la instructora explica que una vez que ha transcurrido el plazo que se concedió a las distintas partes personadas en la macrocausa para la realización de alegaciones, procede elevar la pieza a la Audiencia de Sevilla para que resuelva el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra un auto fechado el pasado 29 de abril, en el que Alaya rechazó suspender las declaraciones de tres empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, así como de los ex directores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera.

En la providencia mencionada, la instructora señala que como el objeto de ese recurso es "idéntico" al recurso que la Fiscalía presentó contra otro auto de fecha 3 de abril, ambas piezas deben remitirse de forma conjunta a la Audiencia de Sevilla para su resolución dada la coincidencia en las peticiones de los mismos. En ese auto dictado el pasado 3 de abril, la juez rechazó "por ahora" dividir la causa de los ERE en piezas separadas y, aunque no se pronunciaba expresamente sobre la remisión de la parte que afecta a los aforados, del contenido del mismo se desprende que la instructora defendía en ese momento -3 de abril pasado- que aún no era oportuna la remisión de las actuaciones al Alto Tribunal.

La juez se aferró entonces a su competencia para seguir instruyendo el caso porque, según dijo, había que evitar lo que los juristas denominan la "ruptura de la continencia de la causa", además de no provocar un "caos procesal" porque, según la juez, existía un peligro "obvio, serio e indiscutible" de que se produzcan sentencias "contradictorias" si se enjuician por separado las partes que afectan a los aforados y a los no aforados.

La magistrada concluía que la causa de los ERE es "inescindible" y se preguntaba cómo podrían enjuiciarse determinados expedientes ya estudiados e instruidos -como los de las empresas Acyco, Aglomerados Morell, Calderinox, Surcolor o Matadero de Fuenteobejuna- mientras no se haya acabado la investigación relativa al procedimiento específico mediante el cual se concedían las ayudas y que afectaría a las personas aforadas. "¿Cómo se va a enjuiciar la consecuencia sin haberlo hecho de su causa?", se preguntaba Alaya para, a continuación, alertar de los riesgos de que se produjeran sentencias contradictorias.

Alaya sostenía que la "conexidad" objetiva y subjetiva de ambos hechos impedía la división del sumario de los ERE, al tiempo que recordaba que aún quedaban por recibir atestados importantes como los relativos a la agencia IDEA y a la Consejería de Innovación, donde de nuevo podrían resultar afectadas personas que gozan de un fuero especial en la pieza del procedimiento específico, porque "aún no se ha analizado la presunta colaboración de la Consejería de Innovación".

La Fiscalía, por su parte, insistía en ese recurso en la división de la causa en piezas separadas y en elevar al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados, todo ello tras haber examinado un nuevo atestado remitido por la Guardia Civil sobre las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla y en las que, según recordaba el Ministerio Público, aparecen presuntamente implicados algunos aforados, entre ellos el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y el parlamentario del PSOE José Caballos.