No habrá inhibición al Tribunal Supremo de modo inmediato. La juez Mercedes Alaya ha aprovechado el auto en el que vuelve a citar a la ex consejera Magdalena Álvarez para el próximo 7 de noviembre para contestar a las dudas planteadas por la Audiencia de Sevilla respecto a si la instrucción estaba finalizada y era hora de remitir al Alto Tribunal el procedimiento por la presencia de los aforados.

Alaya advierte que la mayor parte de la causa “es inescindible” y precisa que, aunque el final de la instrucción “no está lejos, más bien todo lo contrario”, todavía queda un “trecho de importancia capital, no por el tiempo que ha de invertirse” sino por los contenidos que han de incorporarse para completar la investigación y determinar el “grado de participación delictiva” que pudieran haber tenido los aforados, con la aportación en su caso de los “indicios o principios de prueba que lo fundamenten”, por lo que pide “calma” para poder afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, y para “encajar los cambios” que puedan producirse todavía en el desarrollo de la instrucción.

La magistrada asegura que para agotar la instrucción la Guardia Civil aún debe aportar los atestados de las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla –con especial referencia a las otorgadas a los empresarios Enrique Rosendo y José María Sayago– y el atestado del IFA/IDEA y la Consejería de Innovación. Ambos atestados, según Alaya, serán entregados “en corto periodo de tiempo” y ambos deben culminarse con una diligencia de “informe final” en la que los agentes expondrán las conclusiones de la investigación a juicio policial.

Junto a esos atestados, aún falta por incorporar el informe pericial encomendado a la Intervención General del Estado, que es una de una de las “piezas esenciales” para entender el proceso, cómo se inicio, cómo se desarrolló, su idoneidad o su ilegalidad, y para individualizar en su caso las conductas presuntamente delictivas de aforados y no aforados. También queda por entregar el informe de las sobrecomisiones cobradas en las pólizas financiadas por la Junta que ha sido encargado a la Dirección General de Seguros, el cual, según la instructora, puede también ser entregado “en un plazo razonablemente pequeño, en sintonía con los informes anteriores”.

Y mientras llegan estos informes, en este período de tiempo “corto pero intenso”, Alaya anuncia que seguirá con el calendario de declaraciones y estudiará los informes que vayan llegando y que “a buen seguro tendrán una extensión considerable”, por lo que concluye que necesita tranquilidad. “Este equipo, ellos y yo, necesitamos calma para afrontar esta última etapa de trabajo y estudio”, avisa Alaya.

La instructora defiende que la causa de los ERE responde a un “diseño bien definido”, que no tiene nada ver con una “instrucción espasmódica” –alega frente a los planteamientos de la Audiencia de Sevilla– y añade que esa tranquilidad que reclama es necesaria para “poder en suma culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres años unos pocos incansables”, asevera la juez en alusión a su propia labor y a la que está desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Alaya defiende en este auto hasta la saciedad su instrucción, que recuerda comenzó a finales de enero de 2011 pero que “no comenzó a desenvolverse con los medios policiales necesarios hasta seis meses después, cuando se encomendó a la UCO, y que se vio claramente ralentizada durante los meses de baja por en enfermedad de esta instructora”. La magistrada señala que la adquisición de “nuevos conocimientos” que generaban una “amplitud de visión del objeto de la investigación, ha sido y es una constante de la presente causa, introduciendo cambios que han debido asumirse en muy poco tiempo”.

En el nuevo auto, Alaya sostiene que “no existe ninguna ausencia destacable” respecto a los aforados que preimputó en el auto del 10 de septiembre, en el que incluyó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros cinco ex altos cargos de la Junta, y recuerda que el “mérito” de esa resolución debe atribuirse a la misma Sección Séptima de la Audiencia, porque esa preimputación la dictó “en buena medida” por el auto de este tribunal dictado en agosto pasado y en el que animaba a la instructora a “apurar y depurar” la instrucción. Todo ello, continúa la instructora, “con independencia del acierto o desacierto de su contenido que esta instructora asume por completo”, dice Alaya respecto a su decisión de preimputar a los aforados.