La juez Mercedes Alaya, que investiga el presunto fraude en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, ha ampliado el secreto de sumario que decretó el pasado 20 de enero tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las distintas “direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)” y las diversas irregularidades denunciadas.

Así lo explica la magistrada en un nuevo auto, dictado el pasado día 13, en el que Alaya acuerda decretar por un plazo no superior a 30 días el secreto parcial de las actuaciones en lo referente a los informes de la Intervención General de la Junta y a “cuantas actuaciones se deriven de su investigación”.

En su resolución, la juez argumenta que es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a “cuantas diligencias se deriven del estudio” de los informes de la Intervención General, y lo justifica  “atendiendo a la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba”.

Por todo ello, prosigue el auto, se amplía el secreto parcial de las actuaciones acordado el pasado 20 de enero “con el fin de evitar interferencias o acciones que puedan poner en peligro el éxito de las investigaciones que la Unidad Central Operativa (UCO)” de la Guardia Civil viene realizando en esta causa.

En enero pasado, Alaya abrió una línea de investigación sobre las subvenciones que por importe de 85,7 millones de euros recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en un auto en el que decidió además decretar el secreto parcial de las actuaciones en relación a las subvenciones otorgadas a los consorcios y a diversos "entramados empresariales".

En ese auto, dictado a raíz de un reciente atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los cursos de formación y de los distintos informes de la Cámara de Cuentas y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Alaya puso de manifiesto la existencia de "varias bolsas de fraude" en relación con los cursos de formación y que le llevaron a abrir cuatro nuevas líneas de investigación.

Una de ellas es la relacionada con la Faffe, constituida en 2003 como una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro –Alaya recuerda que presidente de su patronato es el "titular de la Consejería de Empleo de la Junta"-, y que según la magistrada se convirtió en un "instrumento esencial de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración", y recuerda además que estos trabajadores pasaron a ser empleados públicos con la disolución de la fundación.

La juez señala que la "única fuente de financiación" de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el SAE y advierte de las "graves irregularidades" que presentaban en cuanto a su justificación. Entre esas irregularidades, la juez destaca las siete subvenciones extraordinarias concedidas para la formación de los ex trabajadores de Delphi por importe de 35,9 millones, concedidas dentro del plan de revitalización industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno, así como otras dos subvenciones en 2009 y 2010 por importes de 25,5 y 24,3 millones, "sin que haya presentado justificación".

Estas irregularidades, continúa la juez, se pusieron de manifiesto en los informes emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía y por la dirección general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y subraya que se ha constatado un “exceso en los importes concedidos sobre los justificados sin que conste que, por parte del SAE, se haya solicitado la justificación de las diferencias reflejadas ni el correspondiente reintegro”.

En octubre de 2014, la juez ya planteó durante el interrogatorio al testigo protegido Teodoro Montes, jefe de departamento de Gestión de Formación Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes, si el PSOE se "financió" con los fondos para actividades formativas que recibía la Faffe, lo que motivo una queja del PSOE ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La instructora justificó entonces la pregunta por las numerosas subvenciones y el trato "claramente privilegiado" que recibió la Faffe, por lo que interrogó al testigo sobre si esta fundación financiaba al partido socialista con cargo a los fondos que recibía de al Junta. A esta pregunta, Teodoro Montes comentó que le vienen muchas dudas y se preguntó por qué la Faffe estaba integrada por personas vinculadas al PSOE y sus familiares, al tiempo que cuestionó el destino de los importantes fondos que recibía de la Administración.

De hecho, la juez en un segundo auto ordenó la práctica de varias gestiones para averiguar el destino de los fondos públicos. En concreto, Alaya ha requerido a varias entidades bancarias –La Caixa, Unicaja y Banco de Bilbao- para que aporten información sobre apertura y titulares de las cuentas en las que se abonaron las subvenciones recibidas por la Faffe, dado que, según Alaya, “se hace necesario efectuar un estudio del flujo de dinero que, emanado del erario público, se recibía en el seno de la fundación, para de este modo comprobar si el destino dado a los mismos era el legalmente previsto”.

En el oficio de la Guardia Civil en el que solicitan esos datos bancarios, los investigadores detallan que están analizando la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones que la Faffe ha recibido de la Junta para determinar “la existencia, o no, de una posible malversación de esos fondos”. Para determinar el fin último dado a estas subvenciones, los agentes auguran una “amplia investigación que abarque un estudio de información registral de las empresas beneficiarias, un examen exhaustivo de los expedientes de concesión de las mismas, y un análisis de determinada información financiera que será decisivo para esclarecer el verdadero destino y uso de los fondos concedidos”.

Una segunda línea de investigación dentro de las bolsas de fraude que cita la magistrada está constituida por la “existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones”, algunas de las cuales fueron identificadas por funcionarios de la propia dirección general de Formación y por Teodoro Montes, y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas “tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración”, precisa Alaya sin aportar más detalles.

Otra línea abierta se refiere a la existencia de “determinados fraudes en los Consorcios entre Administraciones”. Dice Alaya que estos consorcios recibían subvenciones a través de la dirección general de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de “concurrencia no competitiva” y señala que la Cámara de Cuentas ha planteado “dudas sobre la adecuación del procedimiento”. Todos los Consorcios tienen abiertos expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto, en fase de resolución, precisa.

La última línea de investigación se centra en las subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los ex trabajadores de Delphi y las empresas afectadas, en virtud del protocolo de colaboración firmado en julio de 2007 entre la Junta y las organizaciones sindicales con objeto de desarrollar un “dispositivo de tratamiento singular” que contemplaba el plan de revitalización industrial de la Bahía de Cádiz tras el cierre de Delphi y su industria auxiliar. Este plan se desarrolló en cuatro fases y contó con una serie de subvenciones extraordinarias: las siete ayudas por importe de 35,9 millones concedidas a la Faffe para la formación de los ex trabajadores, y las subvenciones otorgadas por el SAE por 70 millones a una serie de empresas para la contratación de los ex empleados de Delphi.

En el auto, la juez acuerda solicitar a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, en el marco de la labor de revisión de los expedientes de subvenciones, que informe al juzgado sobre las “deficiencias observadas” en dichos expedientes porque, sostiene Alaya, que entre “otros extremos la falta de control por la Administración del uso generalizado de las resoluciones de exoneración pudieron provocar gastos inflados o inexistentes por parte de los beneficiarios, quienes no obstante recibían el pago íntegro de sus subvenciones, a la vez que podrían serles otorgadas otras nuevas, pues los fondos para las acciones formativas se incrementaron considerablemente a partir de 2007”.