El desarrollo de la Lomloe (conocida como ley Celaá) ha generado otra polémica. Una nueva división en la comunidad educativa tras publicarse ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto que regula la evaluación de las enseñanzas medias. La normativa establece, entre otras novedades, la eliminación de los exámenes de recuperación en la ESO y que un alumno pueda obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa. La Junta de Andalucía ha mostrado un rechazo frontal a esos cambios, aunque reconoce que carece de margen para evitar las modificaciones, que considera un “ataque” a la cultura del esfuerzo. Varios directores consultados por este periódico advierten que la normativa estatal provocará un “desánimo” en el alumnado al ser consciente de que puede promocionar de curso sin superar ciertas materias.
La Consejería de Educación y Deporte mantiene una postura "sensata" respecto a este decreto tan discutido los últimos días. Frente al anuncio de la Comunidad de Madrid de que buscará “herramientas” para evitar que se titule en Bachillerato con suspensos, el departamento que dirige Javier Imbroda admite que apenas hay recursos para batallar contra el nuevo desarrollo de la Lomloe. “La redacción de los artículos más polémicos deja en manos del profesorado la decisión de que un estudiante pase de curso, por lo que carecemos de margen de maniobra para mitigar la aplicación del decreto”, aseguran fuentes de la consejería.
Con la nueva ley, la evaluación en los institutos pasa a ser “continua, formativa e integradora”. Para alcanzar dicho fin, desaparecen desde este mismo curso los exámenes de recuperación que se celebraban en septiembre. A este respecto, desde el Gobierno andaluz se aclara que estas pruebas ya no se realizan en muchos centros o se han adelantado a junio, como ocurre en las universidades. En Secundaria se podrá pasar de curso con hasta dos materias cateadas, algo que ya contemplaba la anterior ley (la también polémica Lomce del Gobierno de Rajoy), la cual ampliaba este supuesto a tres asignaturas suspensas para casos excepcionales.
Los requisitos para titular
El verdadero motivo de rechazo por parte del Ejecutivo autonómico se encuentra en la obtención del título de Bachillerato. Los jóvenes que lo cursan podrán conseguirlo con una asignatura sin superar, aunque, eso sí, cumpliendo los siguientes requisitos: el alumno debe alcanzar los objetivos y competencias vinculadas al título, no tendrá faltas de asistencia continuadas sin justificar, se habrá presentado a todos los exámenes y la media aritmética de las calificaciones de las materias será igual o superior a cinco.
La decisión última sobre la promoción y la titulación, tanto en ESO como en Bachillerato, queda en manos del claustro de profesores, reunido en junta de evaluación, por lo que estos profesionales son los principales responsables de la decisión a tomar. Una competencia que siempre han ostentado, pero que ahora se queda sin resortes legales que ampare tal cometido, como advierten desde la Junta.
Para la Consejería de Educación, detrás de este decreto se encuentra el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de reducir las altas cifras de fracaso y abandono escolar que sufre España. Un objetivo admitido por la anterior ministra de Educación y promotora de la Lomloe, Isabel Celaá, que en una entrevista concedida al Grupo Joly admitió que “un país con un 30% de repetidores genera una sensación de fracaso y encarece el sistema de enseñanza”. Esta tasa triplica la media de la OCDE.
En Andalucía, según datos aportados por la Junta, la media de repetidores en cada curso de la ESO es del 13,4%, un porcentaje que se sitúa por encima de la media española. El 87,3% de los alumnos de cuarto de Secundaria titula, un dato (que ha aumentado cuatro puntos desde 2018) del que debe observarse que el 20% de esos estudiantes ha sido repetidor.
Bienvenida a los nuevos estudiantes de un instituto.
Frente a la “estrategia” del ministerio -que dirige desde el verano Pilar Alegría- por reducir estos números, el departamento que comanda Javier Imbroda defiende que las competencias educativas no mejoran “bajando los requisitos”, sino aumentando los refuerzos y apoyos al alumnado. “Pero, claro, esos medios cuestan dinero”, subrayan fuentes de la consejería, que insisten en que la nueva ley “va dirigida a mejorar las estadísticas en lugar de la formación del alumno”. “El mensaje que se transmite es que, hagas lo que hagas, se pasa de curso”, añaden.
Lo que opinan los profesionales
El “peligro” para buena parte de la comunidad educativa está precisamente en eso: en elevar a norma una medida que ya se toma excepcionalmente en los centros. Así lo refiere Luis Jesús Ruiz, director del IES Beatriz de Suabia, en Sevilla capital. A este instituto público acuden a diario 10.300 alumnos, de ellos, 700 están matriculados en FP. Ruiz asevera que en la práctica a algunos estudiantes, con los requisitos que recoge ahora la norma, el claustro les permite pasar de curso o titular cuando, pese a suspender alguna asignatura, se ha demostrado su esfuerzo y las circunstancias personales que lo condicionan. “Pero regularlo como normativa puede generar la falta de interés en el estudiante, que, sabiendo de antemano que aprueba el curso con una materia cateada, abandona desde septiembre una asignatura que no le gusta”, advierte este director.
A este riesgo añade la falta de “concreción” de la ley: no precisa con qué asignatura suspensa se puede titular. “En un Bachillerato de ciencias resulta inconcebible que un joven titule con las Matemáticas cateadas”, abunda Ruiz, que insiste en que con estos cambios “se le otorgan recursos al alumno para que abandone la cultura del esfuerzo”. Por tal motivo, confía en que se permita a los centros determinar en sus proyectos cuáles son las materias que deben aprobarse para graduarse en Bachillerato.
Otra observación del director del Beatriz de Suabia concierne al futuro académico y laboral de los menores. En este punto incide en que titular en ESO con asignaturas suspensas puede cerrar puertas para ingresar en algunos ciclos de FP, donde se exigen notas medias por encima del cinco o tener aprobadas materias como Matemáticas I y II. “Se crean expectativas falsas que no contribuyen al progreso del joven en la enseñanza posobligatoria”, reflexiona este docente, que pide que desde las administraciones se advierta a familias y alumnos que tales supuestos “están en los papeles”, pero que son casos “excepcionales”.
Clase de Francés en un instituto público.
Joaquín Egea es director del Colegio Buen Pastor, un centro concertado que también incluye ESO y Bachillerato. Califica de “despropósito” la normativa estatal, al intentar reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar que sufre España “bajando el nivel educativo”. Además de considerar la titulación con un suspenso como “un atentado contra la cultura del esfuerzo”, lamenta el perjuicio que ocasionará en “las nuevas generaciones que deben cambiar el país”.
Una opinión compartida por Juan José De Paiz, subdirector del colegio concertado Altair, para quien el decreto de evaluación guarda “un espíritu populista”. “Se intenta acabar con el fracaso escolar facilitando que todo el mundo promocione”, asevera este experto.
Otra perspectiva
Sin embargo, para Luis Rey, director del Colegio Internacional San Francisco de Paula (SFP), uno de los centros privados de referencia en Andalucía, este polémico asunto debe enfocarse desde otra perspectiva . Por tal motivo, hace hincapié en los requisitos que la normativa incluye para que un alumno titule con una asignatura suspensa. “En España estamos acostumbrados a un sistema de evaluación muy rígido, muy memorístico y que deja muy poco margen a la iniciativa y la creatividad del alumno, aspectos fundamentales”, precisa el director del SFP, que abunda en que “si sólo valoramos al estudiante por su capacidad de memorización de textos prefijados, no lo estamos preparando para lo que el mundo exige ahora. El sistema de evaluación español necesita un cambio profundo. Tanto es así que este colegio se adelantó y optó por otro, acreditado a nivel internacional”.
Unas palabras que coinciden con las expresadas por la ex ministra Celaá el pasado verano en este periódico, cuando defendió que “la exigencia en este país hay que cambiarla”. En este sentido, abogó por la enseñanza en competencias y por enfrentar al alumno “a situaciones de desempeño reales para que afronte los desafíos contemporáneos”.
