La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la juez Mercedes Alaya que imponga una fianza de responsabilidad civil de 1.548 millones de euros para seis imputados en el escándalo de los ERE que fueron detenidos en la operación Heracles, vinculada al pago de sobrecomisiones a las entidades mediadoras, según han confirmado fuentes del caso, que subrayaron que el Ministerio Público considera "ilícitas" la totalidad de las primas pagadas a Generali y Fortia Vida.

En una comparecencia celebrada por la juez Alaya para la solicitud de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción reclamó una fianza civil de 258 millones para el ex directivo de Vitalia Antonio José Albarracín, que permanece en prisión provisional desde que se llevó a cabo la operación Heracles; para su esposa, María José M. F.; para Jesús María Bordallo Rodríguez, también directivo de Vitalia; así como Eduardo Pascual y María Vaqué; y por último para Roses Masa Dalmau, administradora de Fortia.

En total, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado 1.548 millones de fianza sólo para estos seis imputados. Las defensas de los imputados se han opuesto a la petición de la Fiscalía y la juez Alaya resolverá en los próximos días, han añadido las mismas fuentes.

Las defensas argumentan que la fianza solicitada es excesiva si se tiene en cuenta que las cantidades pagadas a los intrusos de los ERE alcanzan 2,6 millones de euros y que la medida cautelar, por tanto, no debería extenderse a la totalidad de las ayudas, que la Fiscalía considera "ilícitas" por completo, sin distinguir si se trataba de intrusos o no.

En la operación Heracles, que se desarrolló el pasado 20 de marzo, fueron detenidas 22 personas, de las cuales siete de ellas fueron enviadas inicialmente a prisión, aunque una logró salir de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 euros. Entre los imputados que siguen en prisión destacan el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, el ex sindicalista y "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas Fernández, directivos de la mediadora Vitalia y algunos testaferros de las "empresas pantallas" que según la juez se crearon para dar salida a las sobrecomisiones ilegales cobradas y que la Guardia Civil ha cifrado ya en más de 50 millones.

Alaya celebrará hoy una nueva comparecencia con otro grupo de imputados, entre los que se encuentran el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Lanzas y su cuñado Ismael Sierra.