La Justicia dicta en muchas ocasiones resoluciones que no dejan de causar cierta sorpresa y que pueden considerarse incluso paradójicas. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha decidido reducir a sólo 480 euros la fianza de responsabilidad civil que, por importe de 2.053.716,44 euros, había impuesto la juez Mercedes Alaya a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa tras su imputación en el escándalo de los ERE fraudulentos. Hasta aquí no tendría por qué sorprender la decisión de la Audiencia -un tribunal que revoca la decisión de un órgano inferior- de no ser por todas las vicisitudes relacionadas con la imposición de esta fianza.

Para empezar, la juez Alaya se había opuesto inicialmente a la imposición de una fianza civil a María José Rofa, al valorar "positivamente" su colaboración con la Justicia y su contribución para el esclarecimiento de los hechos, dado que ésta había aportado diversa documentación de gran interés para la investigación.

Alaya no fijó ninguna fianza, pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió a la Audiencia y solicitó que se le fijara dicha fianza en 205 millones de euros. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla -la misma que ahora se ha opuesto a la incorporación de Alaya a este tribunal por la "imagen" que se puede dar de la Justicia dado que en esta Sala se resuelven los recursos de los ERE-, estimó el recurso del Ministerio Público y ordenó a la magistrada que impusiera esta medida cautelar real.

Alaya decidió entonces y "por imperativo legal" -lo que demostraba que seguía sin estar de acuerdo con la decisión de la Audiencia- establecer la fianza civil en esos dos millones de euros, pero para mayor paradoja de esta historia los magistrados de la Sección Séptima han estimado ahora un recurso de María José Rofa y han reducido de dos millones a 480 euros dicha fianza.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla había ya embargado dos pisos a la ex asesora de Empleo y 1.701,59 euros en sus cuentas bancarias, por lo que ahora la secretaria judicial ha dictado un decreto en el que acuerda levantar dicho embargo y devolver la cantidad de 1.221,59 euros a Rofa, que ha sido declarada solvente. Al final, prácticamente se impone el criterio de Alaya de no fijar ninguna fianza civil para esta imputada.