Una vez cerrada la instrucción de la pieza política de los ERE con el procesamiento de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la juez María Núñez Bolaños ha impulsado la investigación de las sobrecomisiones pagadas en las pólizas vinculadas a los ERE, con la apertura de una nueva pieza en la que figuran 16 imputados, entre ellos el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor Juan Lanzas. Entre los 16 imputados se incluyen además varios testaferros de Lanzas y los responsables de las empresas mediadoras de las pólizas.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado la apertura de unas nuevas diligencias previas (las 1421/16) en una providencia y un auto en la que acuerda formar la pieza separada denominada “sobrecomisiones”, una decisión que se produce tan sólo unos días después de que la Audiencia de Sevilla haya avalado la división de la macrocausa que diseñó esta magistrada en tres grandes bloques: procedimiento específico, sobrecomisiones y un tercer bloque con más de 200 piezas, unas por cada empresa que recibieron ayudas bajo sospecha.

En el auto conocido este jueves, Bolaños considera que los hechos que se investigan en esta nueva pieza pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y se refiere expresamente a “hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego a su reparto a pesar de ser todo ello presuntamente ilícito”. 

La instructora prosigue diciendo que las sobrecomisiones derivarían del hecho “puesto de manifiesto en el estudio de las pólizas de rentas y de capital –no sólo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas a empresas (Aglomerados Morell), pagos de compromisos asumidos (FCC y Cespa) o directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhull) de importes de primas pagados por la Junta de Andalucía, muy al parecer superiores al precio de mercado de éstas, puesto que era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervinieron en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía”.

La magistrada no cifra en el auto el posible importe pagado por la Administración autonómica por esas sobrecomisiones, si bien un informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en febrero de 2014 cuantificaba dicho sobrecoste en más de 12 millones de euros.

De hecho, la Guardia Civil elevó a más de 12 millones las sobrecomisiones que se han cobrado por la intermediación en los ERE pagados por la Junta en sólo una decena de empresas investigadas, mientras que las organizaciones sindicales han percibido más de siete millones, lo que llevó en su día a la juez Mercedes Alaya a ampliar las investigaciones al entorno de las empresas vinculadas a los sindicatos UGT y CCOO como había pedido en dos ocasiones la Fiscalía Anticorrupción.

En un oficio remitido en febrero de 2014 al juzgado por la  Guardia Civil, los agentes revelan que hasta momento se ha podido comprobar que en un total de diez expedientes de ayudas analizados –Surcolor, Calderinox, González Byass, Cespa/FCC, Saldauto, Intesur, Matadero de Fuenteobejuna, Europa Center (Hotel Cervantes), SOS Cuétara y Bilore- sobre un total de prima de 120.431.426,36 euros se han abonado comisiones a los medidadores de 18.065.630,97 euros, lo que constituye una media del 13,60%. 

La Guardia Civil subrayaba que como la media del mercado en promedio habría sido del 4,60%, esto implica que “se han pagado sobrecomisiones por un importe de 12.176.626,55 euros” tan sólo en esta decena de expedientes.

Los investigadores indican además que hasta el momento “se ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios han recibido” de las empresas mediadoras más de siete millones de euros, “indiciariamente como prestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas que ha permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes”.

El oficio policial continuaba diciendo que como se han detectado “numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de las empresas vinculadas a ellos”, como es el caso de Atlantis Asesores S. A. para CCOO, y de ASP-Asesoramiento seguros, ITG y Temiqui en el caso de la UGT, los investigadores consideraban necesario “profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas, intentando determinar al mismo tiempo, la cantidad exacta que las diferentes organizaciones sindicales hubiesen cobrado de los fondos librados por la Junta de Andalucía en el marco de las ayudas sociolaborales objeto de las presentes investigaciones”, ya que el montante de las sobrecomisiones que los sindicatos han percibido de las mediadoras, “no coincide con la cantidad de pagos que éstas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos”.

A la vista de estas revelaciones, la juez dictó un nuevo auto en el que ordenó ampliar las investigaciones al entorno de los sindicatos, para lo cual ha requerido a las siguientes siete organizaciones: Federación de Industria de Andalucía de CCOO, Federación Andaluza Agroalimentaria (Feagra) de CCOO, Federación Agroalimentaria (FTA) de UGT Cádiz, Federación andaluza del Metal, Construcciones y Afines (MCA) de UGT, Federación de Industria Andaluza (FIA) de UGT, y a los sindicatos CCOO y UGT del País Vasco. La juez pidió que comuniquen los números de cuentas bancarias con los que operan diariamente para las gestiones corrientes de su organización, “donde reciben ingresos, emiten pagos, domicilian recibos y cualquier actividad que esté relacionada con su contabilidad”, al tiempo que pide que hagan especial mención, en su caso, de las “cuentas de enlace” que tuvieran con las respectivas federaciones a nivel regional y/o estatal.

La juez Alaya aseguró en ese auto que a través de estas diligencias policiales se ha puesto de manifiesto la utilización de un “entramado empresarial, organizado y dirigido por Juan Lanzas, a través del cual se canalizaba el dinero desviado que procedía de la Junta de Andalucía y por donde fluía además otro capital que Lanzas recibía, entre otros, de las empresas que resultaban beneficiarias de las subvenciones conseguidas por éste”.