Bolaños tiene su plan piloto para los ERE. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha rediseñado la división en piezas de los ERE dejando como pieza matriz la causa originaria que se abrió en el año 2011, de ayudas sociolaborales y directas, y desgajando de este sumario principal otras seis piezas con las que se comienza a trabajar, dándoles una tramitación preferente con el fin de que puedan ser enjuiciadas al menor tiempo posible. El diseño del resto de las piezas se efectuará cuando la Audiencia de Sevilla “dicte las sentencias” correspondientes.

La juez ha dictado un auto, que tiene fecha de ayer, en el que aclara su anterior resolución del 30 de julio –en la que acordó la división de los ERE-, al estimar que resulta “evidente” que esa resolución adolece del defecto señalado por las partes “al faltar el diseño de hechos a investigar y enjuiciar en cada pieza”.

La nueva división establece seis piezas que versarán sobre el denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas; las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones; las de las ayudas concedidas a las empresas Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica, Cenforpre, y la sexta pieza estará integrada por las ayudas concedidas al entramado de sociedades vinculadas a los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo de la Sierra Norte de Sevilla.

La experiencia piloto que Bolaños pone en marcha con esta división de la macrocausa parte del hecho de que “resulta prioritario agilizar” el procedimiento, que está ya finalizado para algunas de las ayudas investigadas. En el auto, contra el que Bolaños explica que no cabe recurso alguno –sí puede recurrirse el auto original que ahora completa y aclara, que dictó el 30 de julio- la juez precisa que a partir de ahora se procederá a “concluir las piezas cuya división se acuerda y proceder a su enjuiciamiento”. Y una vez que se cuente con la “sentencia de la Audiencia”, resolverá sobre el dinero del “resto de las piezas, ayudas sociolaborales o directas en atención al contenido de las sentencias  que se dicten por la Audiencia Provincial y estado de la instrucción”, insiste la magistrada, que añade que todo ello se producirá sin perjuicio de “continuar con la instrucción del resto de ayudas” en la causa matriz o en su correspondiente pieza separada que se cree.

De hecho, la parte dispositiva del auto acuerda la división en estas primeras seis piezas, “desgajándose en un futuro nuevas piezas para su enjuiciamiento cuyo diseño se realizará en atención al contenido de las sentencias que se dicten por la Audiencia y el estado de la instrucción”.

La juez señala que “la envergadura y complejidad de la causa que se pretende dividir hace imposible un diseño apriorístico de todas y cada una de las piezas”, ya que hay más de 150 ayudas directas a empresas o ayudas sociolaborales que “ni tan siquiera se hallan en fase judicial”, es decir, que están bajo investigación de la Guardia Civil todavía.

En este sentido, el auto indica que la división de la causa tiene como “único objetivo la posibilidad de enjuiciamiento de los hechos que se han venido investigando durante cinco años en una instrucción que por su volumen y complejidad resulta imposible de enjuiciar en un solo acto. La única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo la instrucción es mediante la división de la misma", asevera la magistrada.

La juez valora los posibles efectos indeseables de la división de la causa planteados por algunas defensas, entre ellos que un único imputado sea llevado a más de 200 juicios, aunque considera que esos efectos son pueden evitarse mediante el enjuiciamiento del delito continuado o, frente a la posible "exasperación punitiva" que del enjuiciamiento por separado de cada una de las ayudas directas o sociolaborales puede suponer para las partes, mediante la aplicación de instrumentos diferentes.

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, María Núñez Bolaños apunta que, para no vulnerar el principio de culpabilidad por el hecho y proporcionalidad, existe la posibilidad de moderar la pena en el segundo proceso, “lo cual puede realizarse bien descontando de la pena impuesta en el segundo proceso la pena ya impuesta en el primero”, o bien a que “la suma de las penas impuestas en las sentencias condenatorias no supere el marco penal abstracto correspondiente al hecho delictivo”.

Las seis piezas acordadas se han seleccionado buscando la máxima casuística posible de lo instruido y atendiendo al estado en el que se encuentra la instrucción de las mismas.

La primera pieza -relativa al denominado procedimiento específico- se centra en los hechos sobre la “participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico en todas sus variantes”, con las importantes consecuencias que se deriven de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta de Andalucía en el seno del control financiero permanente del IFA/IDEA.

La segunda pieza, acerca de las sobrecomisiones, se centra en los hechos relativos a la determinación de la prima de la póliza pagada por la Junta y porcentaje de comisión ilícita, bien de forma directa o bien indirecta, y luego a su reparto presuntamente ilícito.

La tercera pieza, de las ayudas concedidas al tándem Rosendo-Sayago, se refiere a las subvenciones otorgadas al entramado societario vinculado a los dos empresarios, que recibieron ayudas por importe de 34 millones euros, y en el que muchas de sus empresas “carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta de Andalucía y el trasvase de sus fondos a otras sociedades interpuestas”. En el auto se incluyen, por ejemplo las ayudas concedidas a las empresas Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, donde Bolaños precisa que “de los escasos trabajadores que tuvo esta empresa, uno o dos al mismo tiempo, estuvo empleada la hija del consejero de Empleo Sonia Viera”, que percibió 48.189,45 euros por 13 meses de contrato como “supuesta responsable de comunicación del grupo” y también Jesús Caballos, hijo del presidente de la Junta rectora del Parque Natural de la Sierra Norte que “en ocho meses como director de marketing cobró 34.892,49 euros”.

La cuarta pieza, sobre Cenforpre, incluye los hechos relativos a la suscripción de pólizas para el ex futbolista de Osasuna, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, quien percibió una póliza del denominado fondo de reptiles de 491.424,43 euros por unos cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales.

La quinta pieza, Surcolor y Surcolor Óptica, sobre las ayudas concedidas en un inicio por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, a través de la mediadora de seguros Vitalia a trabajadores de la empresa Surcolor, en la que fueron incluidas como intrusas dos personas del entorno del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Una de ellas es José Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla), y la otra José Antonio Márquez, concuñado de Antonio Rivas.

La sexta pieza, Acyco, se refiere a los hechos sobre la concesión de la ayuda laboral del ERE a esta empresa, los que accedieron al pago, y los que la percibieron ilícitamente. La juez Mercedes Alaya atribuyó en su día a la ex presidenta de Aceitunas y Conservas (Acyco) Encarnación Poto, militante del PSOE y del sindicato UGT, haber cobrado una póliza de prejubilación pese a que siguió trabajando y de consentir la inclusión de dos intrusos en el ERE de la empresa, el ex alcalde del PSOE de San Nicolás del Puerto (Sevilla) Domingo Martínez Castillo, ya fallecido, y del vecino de El Pedroso (Sevilla) Andrés Carrasco Muñoz, que regentaba un kiosco de churros y que también está imputado en la causa.

Bolaños precisa en el auto que en todas las piezas serán enjuiciados todos aquellos que de forma activa y consciente participaron en la gestión y concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas. Sin perjuicio de continuar con la instrucción del resto de ayudas en la matriz o en su correspondiente pieza, en un futuro se desgajarán nuevas piezas para su enjuiciamiento cuyo diseño se realizará en atención al contenido de las sentencias que se dicten por la Audiencia Provincial de Sevilla y estado de la instrucción.