El Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado el informe especial La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas, en el que visibiliza esta realidad educativa, así como advierte sobre la necesidad de su continuidad como medida "para evitar la despoblación territorial".

Como principal conclusión del informe entregado al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, el Defensor ha acreditado la calidad educativa de la atención que recibe el alumnado en los colegios públicos rurales. Esta impresión se ha obtenido a partir de una investigación propia, para la cual el Defensor se ha apoyado en cuestionarios y visitas in situ a todas las provincias. Existen 106 centros, con 346 sedes, en los que estudiaban 11.483 alumnos y alumnas en el curso 2020/2021. Para las familias el grado de satisfacción alcanza un 95% entre bueno y muy bueno, valoración que disminuye al aumentar el número de alumnos, ha explicado la Defensoría en un comunicado.

Maeztu ha abogado por una reducción de la ratio y por fomentar el conocimiento de estos colegios con el objetivo de "prevenir que las deficiencias en el ámbito educativo sean un elemento más para el abandono de los pueblos, ya que la escuela es una de las razones de permanencia en el territorio". "Recreos mudos, pueblos muertos", ha ejemplificado.

"El conocimiento de la realidad y bondades de la Educación en el mundo rural debe ser difundido como incentivo para que las familias opten por este tipo de enseñanza y su consiguiente traslado a muchas zonas rurales de Andalucía, contribuyendo de ese modo a frenar los procesos de despoblación", ha afirmado Maeztu. Para asegurar esta apuesta por la enseñanza en colegios rurales, ha reclamado "la continuidad o, en su caso, la creación en determinadas zonas andaluzas de estos recursos educativos, proporcionándoles todos los medios necesarios para atender sus singulares y específicas necesidades".

Maeztu ha propuesto, entre otras medidas, la reordenación de algunos Colegios Públicos Rurales para su adaptación a la demanda actual y futura, así como una normativa específica que contemple sus peculiaridades, por ejemplo, en cuanto a las medidas para la matriculación -"O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones", ha enfatizado- y para los servicios educativos complementarios --aula matinal, comedor escolar, transporte escolar y actividades extraescolares--, muy escasos. Maeztu ha propuesto un Plan para evitar la pérdida de unidades y la elaboración de un Mapa específico e integral para la identificación de los recursos disponibles.

Asimismo, ha hecho hincapié en la mejora de las condiciones técnicas y ambientales de las instalaciones con la colaboración de la Administración educativa y los ayuntamientos, y ha solicitado medidas de discriminación positiva en materia de TIC para evitar la brecha digital, ya que 8 de cada 10 colegios han confirmado dificultades en la enseñanza, más patentes durante la Covid.

Entre otras propuestas, el Defensor ha pedido protección para el alumnado afectado por discapacidad; un reconocimiento público y la mejora de la estabilidad del profesorado y resto de profesionales que prestan servicios, incluso con incentivos económicos; estimular la participación de las familias; y reflexionar sobre la extensión de la continuidad de las enseñanzas al primer y segundo ciclo de la ESO para favorecer el derecho del alumnado a permanecer en su entorno.