La Policía Nacional ha detenido a medio centenar de personas acusadas de integrar dos redes de explotación sexual que operaban en Málaga, Córdoba y Almería, gracias a las denuncias de varias de sus víctimas. Los arrestados podrían haber explotado a más de 1.000 mujeres, a las que obligaban a consumir drogas y distribuirlas entre sus clientes, según informó la Policía.

Las denuncias de algunas de las víctimas de dos redes de explotación sexual permitieron a los agentes policiales desarticularlas y arrestar a 50 personas, entre responsables de la organización, el dueño de los locales, los encargados, las mamis y los porteros. Uno de los grupos desarticulados actuaba en tres clubes ubicados en Málaga, Torremolinos y Córdoba, mientras que la otra red operaba en Almería.

En el primero de los casos, la investigación comenzó en las comisarías de la Policía Nacional de Málaga y Córdoba gracias a las denuncias de varias mujeres que manifestaban ser víctimas de una organización que las obligaba a prostituirse. Las primeras pesquisas evidenciaron que dicho grupo era el responsable de la administración y control de tres clubes en Málaga capital, Torremolinos y Córdoba, cuya actividad era ocultada por los dirigentes a través de un complejo entramado mercantil.

Los agentes averiguaron que las mujeres que ejercían la prostitución en estos clubes eran obligadas a rotar entre los mismos por periodos de tres semanas. Además, debían atenerse a determinadas normas en cuanto a vestimenta, horario de trabajo con jornadas superiores a doce horas durante seis días cada semana, y un pormenorizado control del precio, duración y número de servicios sexuales.

Del mismo modo, la red había articulado una estructura de tráfico de drogas para abastecer de estupefacientes a los locales. Así, también se detuvo a tres proveedores de droga y se intervinieron numerosas dosis de cocaína y heroína preparadas para la venta, instrumentos de pesaje y dinero en efectivo. Los agentes registraron los tres clubes, así como cuatro domicilios particulares y la sede social de las tres sociedad mercantiles.

La segunda de las redes desarticuladas por la Policía Nacional actuaba en Almería, donde se detuvo a 12 personas dedicadas a la explotación sexual de mujeres. Se han practicado siete registros en los que se han intervenido más de 4.000 euros, 7 gramos de cocaína, ordenadores y diversa documentación. Sus víctimas, procedentes de Sudamérica y del Este de Europa, llegaron a España con intención de ejercer la prostitución. Cuando llegaron a nuestro país, los encargados de las casas de citas donde iban a trabajar les obligaron a consumir sustancias estupefacientes y a distribuirlas entre sus clientes.

Las mujeres debían permanecer en las casas de alterne las 24 horas del día y sólo podían salir a la calle durante dos horas y con autorización previa. Además, debían pagar 20 euros por el uso de una cama litera que era compartida con otras diez chicas y únicamente percibían el 50% del importe que cobraban por los servicios. El resto del dinero era para los encargados, quienes también las amenazaban para que se sometieran a la voluntad de sus clientes. Asimismo, los responsables de la organización recibían los beneficios íntegros que obtenían al obligar a las mujeres a vender estupefacientes a la que eran obligadas.

La Policía recordó en un comunicado que las mujeres que se encuentran en situación irregular en nuestro país y que colaboran en la desarticulación de estos entramados pueden obtener la tarjeta de residencia y trabajo o solicitar su repatriación a su país de origen. Además, todas las víctimas que facilitan este trabajo policial y judicial pueden adquirir la condición de testigos protegidos que las otorga un total anonimato en todas las actuaciones realizadas por la Policía y los jueces.