Tras el tradicional acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, la Justicia vuelve poco a poco a retomar la actividad, entre ellas las de las denominadas macrocausas como la de los ERE. La Audiencia de Sevilla ha fijado precisamente para este mes de septiembre la celebración de otros tres juicios relacionados con las ayudas concedidas a otras tantas empresas, pero el ritmo de celebración de estas vistas sigue siendo muy lento y colapsando las Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla, como por otra parte ya habían denunciando en reiteradas ocasiones los magistrados. Y es que, sólo del caso de los ERE, son más de un centenar de piezas las que están en la fase de instrucción o a la espera de juicio.

Además, el reparto de fondos realizado durante una década a través de las polémicas transferencias de financiación de la partida 31L no es la única macrocausa que se enjuicia en Sevilla, aunque otras provincias andaluzas, como Málaga, también tienen importante macroprocesos. Así, para este mes también se ha fijado la celebración de otro largo juicio relacionado con las ayudas y préstamos concedidos por la extinta sociedad andaluza de capital riesgo Invercaria.

El décimo primer juicio de los ERE sigue contra tres ex altos cargos por decisión del tribunal

La actividad se retoma precisamente mañana con la continuación del décimo primer juicio de los ERE –de esos más de un centenar que están en la recámara– y que lo hace con sorpresa, puesto que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha rechazado excluir a tres ex altos cargos –el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez– que ya fueron enjuiciados en el denominado “procedimiento específico” de los ERE.

Todo ello a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción dio un giro a este proceso anunciando en julio pasado que retiraba los cargos contra estos tres ex responsables de Empleo, al considerar precisamente que su participación en el fraude ya había sido juzgada en la “pieza política”, por lo que no podían volver a ser ahora enjuiciados en aplicación del principio non bis ín idem, que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

Sin embargo, los magistrados han mantenido el criterio que ya expusieron en un juicio celebrado con anterioridad –el de las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) y el de Nerva Croissant–, donde sostuvieron que el “procedimiento específico” no tiene ese afán globalizador que abarcaba la totalidad de la conducta desarrollada por los ex altos cargos en relación con la concesión y pago de las ayudas.

En cualquier caso, todo queda a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo cuando resuelva, por ejemplo, los recursos contra la sentencia de Acyco, donde por cierto la Fiscalía del Alto Tribunal ya ha pedido la absolución de los ex altos cargos que fueron condenados en su día a penas de prisión, como es el caso del ex consejero Antonio Fernández y Juan Márquez.

De esta forma, la sesión del juicio por las ayudas de Surcolor se retoma mañana con la totalidad de los acusados, entre ellos los dos ex altos cargos que están actualmente en prisión cumpliendo la condena que les fue impuesta en la pieza política, Antonio Fernández y Agustín Barberá.

La Audiencia de Sevilla acogerá también el próximo 28 de septiembre otro juicio de los ERE, en el que se enjuiciarán las ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo y Seguridad Social a la empresa Plantas y Flores Castejón. Este juicio tendrá lugar en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Con anterioridad, otro tribunal, la Sección Cuarta de la Audiencia hispalense, ha fijado para el día 18 de septiembre el inicio de la vista oral por las ayudas concedidas por importe de casi 400.000 euros a la empresa Electronic Devices Manufacturer (EDM) Séneca en el año 2008. En este caso, a diferencia de Surcolor, sólo se sentarán en el banquillo dos responsables de la empresa EDM Séneca, tras haber sido excluidos los cargos responsables de la consejería de Empleo y de la agencia IDEA. Este juicio está previsto que finalice el 19 de octubre, habiéndose fijado en principio un total de 18 sesiones de juicio, en la que declararán los dos acusados, Juan R. C. y María Josefa C. G., así como los testigos y peritos.

Hasta ahora sólo se han dictado diez sentencias de piezas de los ERE. El balance de los primeros diez juicios es demoledor, al haberse dictado diez condenas. Desde el primer macrojuicio, que sentó inicialmente en el banquillo a un total de 21 ex altos cargos públicos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido enjuiciadas un total de 51 personas entre políticos, empresarios y beneficiarios de las ayudas, de los cuales 35 –lo que supone el 68,62% del tota– han sido condenados a penas de prisión e inhabilitación –las máximas, de hasta siete años de cárcel, se han impuesto hasta ahora precisamente en el denominado “procedimiento específico” de los ERE– y los otros 16 –31,38%– han sido absueltos.

Además de las penas de cárcel, los tribunales han acordado en cada uno de estos procedimientos el abono por parte de los acusados de indemnizaciones para la Junta de Andalucía que, en total, ascienden a 13,8 millones de euros, aunque todavía representa una cifra muy pequeña de los 680 millones de euros concedidos entre los años 2000 y 2009 en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis mediante la controvertida partida presupuestaria 31L.

Un nuevo juicio de Invercaria

Para finales de mes, en concreto, a partir del día 25 se ha fijado el inicio de otro juicio, en este caso por las ayudas concedidas a la empresa Servivation por parte de Invercaria. No obstante, la celebración de este juicio está todavía en el aire debido al estado de salud del ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, lo que ha provocado ya la suspensión de otros juicios con anterioridad e incluso su ingreso en prisión para cumplir una de las condenas que ya ha sido declarada firme por el Tribunal Supremo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de prisión y otros diez años de inhabilitación para el ex consejero de Innovación de la Junta Francisco Vallejo y el resto de procesados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.