La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso presentado por la defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández contra el auto de la juez Mercedes Alaya que le imputó en el fraude de los cursos de formación, en relación con las ayudas concedidas para la formación de los ex trabajadores de Delphi.

La defensa de Antonio Fernández presentó un recurso de reforma contra la decisión de la instructora de imputarle en el procedimiento, según han explicado fuentes del caso, que han señalado que en dicho recurso el ex consejero cuestiona por qué ha sido él imputado en este procedimiento y no otras personas.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso de Antonio Fernández, que ha sido el primer cargo público imputado en esta nueva causa que instruye Alaya, y ha pedido a la juez que mantenga su imputación y, por tanto, la declaración que está fijada para el próximo 16 de octubre. La instructora aún no ha resuelto el recurso.

Alaya justificó la imputación de Antonio Fernández, al que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, porque en el período en que fue consejero de Empleo (entre 2004 y 2010) concedió ayudas por importe de más de 70 millones "con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones” para la formación de los ex trabajadores de Delphi, "sin convocatoria ni base reguladora” y en contra de la ley de Subvenciones.

La juez argumenta también que el ex consejero habría permitido la "subcontratación" de actividades formativas sin estar autorizada esa subcontratación y además se habrían otorgado becas por asistencia a los cursos “por encima del máximo legalmente permitido".

También le atribuye la magistrada haber concedido subvenciones a empresas para acciones formativas "en alternancia con el empleo, sabiendo que la relación laboral posterior sería inexistente". Por último, Alaya dice que el ex consejero concedió subvenciones desde 2007 dictando "resoluciones de exoneración de la justificación" de estas ayudas a las entidades beneficiarias en el período comprendido entre 2008 y 2011, contraviniendo de esta forma la ley de subvenciones.

En ese mismo auto, la juez aseguró que la Junta concedió 950 millones de euros sin justificar en un período de cuatro años, entre 2008 y 2011, de acuerdo con las resoluciones de exoneración dictadas en relación a las empresas que debían de justificar el gasto de las subvenciones.

La instructora explicó en esta resolución, dictada en la causa en la que se investigan además las ayudas concedidas a la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), que según se desprende de las declaraciones prestadas ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, y de las propias pesquisas realizadas por los agentes, en virtud de las distintas resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Administración andaluz a fecha de octubre de 2013 había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar.