La Fiscalía de Málaga ha pedido a la Policía medidas especiales de seguridad para parte de la veintena de testigos protegidos del caso de la presunta corrupción policial de Ronda. Fuentes judiciales indicaron ayer que las primeras noticias sobre supuestas "presiones y amenazas" contra "las familias y bienes" de estas personas llegaron a la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga a finales de 2009. Entonces el tribunal que preside el magistrado Carlos Prieto acordó deducir testimonio y un juzgado de Ronda abrió diligencias que fueron archivadas con carácter provisional.

No obstante, las fuentes judiciales consultadas precisaron ayer que estas medidas de seguridad para parte de los testigos se volverán a solicitar en virtud de lo previsto en la Ley de Protección de Testigos y Peritos que atribuye a la Fiscalía la responsabilidad de promover medidas especiales hasta que recaiga sentencia si aprecia "situaciones de riesgo objetivas".

Ayer estaba previsto que comenzara el juicio contra cuatro agentes de la Policía Nacional, entre ellos un inspector jefe que entre 2005 y 2007 estuvo al frente de la Comisaría de Ronda y el subinspector encargado de la sección de extranjería, así como un miembro de la Guardia Civil. Todos están acusados de no actuar entre 2003 y 2007 contra clubes de alterne a los que supuestamente acudían para exigir dinero y mantener relaciones sexuales a cambio de no tramitar expulsiones o de arreglar la estancia en el país de extranjeras empleadas en los locales. También están encausados tres responsables de clubes y una novena persona a la que se atribuye un delito de tráfico de influencias.

El tribunal suspendió ayer la vista oral tras reconocer que a consecuencia de un fallo de la Sección Tercera no había facilitado a la defensa del inspector la identidad de los testigos protegidos. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Protección de Testigos y Peritos, las defensas tienen la opción de pedir en su calificación provisional que se revele el nombre y apellidos de los testigos protegidos con el fin de proponer pruebas dirigidas a acreditar una supuesta enemistad o circunstancia previa que pudiera socavar la credibilidad de estos testimonios.