Recibían sobornos en metálico o en especies de manos de empresarios de la zona del Condado a cambio de hacer la vista gorda ante construcciones ilegales, vertidos o cambios de uso del suelo, y hasta consiguieron prebendas en las fincas en las que trabajaban sus amigas o compañeras sentimentales (trabajadoras extranjeras), explotaciones agrícolas en las que sus propietarios los dejaban campar a sus anchas para mantenerse bajo su manto. Los cuatro agentes de Medio Ambiente detenidos por la Policía Nacional en junio de 2008 e imputados por un delito continuado de cohecho y otro de omisión del deber de perseguir y denunciar delitos (también de forma continuada) tenían montada una auténtica "red de corrupción" en su área de influencia (en las zonas de Palos y Moguer) entre 2006 y 2008, según el criterio de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Superados los dos años desde el comienzo de la investigación, en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moguer, el instructor confirma en un auto la imputación de estos agentes (R.P.P., A.S.M., J.R.R. y D.R.H.) y mantiene también los cargos por cohecho contra otras diez personas en su mayoría empresarios de la zona.

La Fiscalía describe la actuación de los implicados, encargados de vigilar los límites y extensiones de las fincas de la zona para constatar que se respetaba el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana aprobado en 2003 (Potad). En contra de esas tareas, recibían dinero, regalos y "atenciones varias" tanto de propietarios de fincas (se citan hasta cinco explotaciones de la comarca) como de empresas para que los agentes no denunciaran cuando ampliaban sus superficies de cultivo ocupando monte público, cuando realizaban construcciones ilegales o vertidos, además de ofrecer a los empresarios "asesoramiento puntual para evitar sanciones e impedir que su actuación contraria a la legalidad fuera detectada y sancionada".

Dos de los imputados trataron de intervenir en las actuaciones que llevaban otros compañeros o técnicos de Medio Ambiente para favorecer a un familiar que tenía una finca y a otros empresarios. La Fiscalía detalla que al menos dos agentes recibieron sobornos por importe de 600 euros de una empresa, la misma que ofreció pagos de hasta 3.000 euros para que le buscaran lugares para realizar extracciones de áridos. Otros dos empresarios ofrecieron 12.000 euros a los agentes para que favorecieran una permuta de terrenos, que luego no se llevó a cabo.