El Gobierno ingresa más de 4,5 millones de euros en la subasta de bienes inmuebles de narcos en Andalucía

El Gobierno ha recaudado en Andalucía más de 4,5 millones de euros para la lucha contra la drogadicción gracias a la subasta del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que gestiona la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD). La comunidad andaluza reporta más de la mitad de los 8,3 millones ingresados por la subasta celebrada el martes pasado en Madrid.

En total salieron a la venta ocho lotes entre Málaga (4), Huelva (3) y Granada (1). La capital malagueña fue la gran protagonista de la subasta. Uno de los activos que mayor interés despertó entre los inversores y que mayor expectación generó entre los asistentes era un aparcamiento de 5 plantas en el número 12 de la calle Olózaga de Málaga. La adjudicación se produjo tras casi media hora de pujas, que partían de 1,5 millones de euros. Este inmueble es el que mayores ingresos reportará al Estado, puesto que la última puja se cerró en 3,1 millones de euros, tras un final muy reñido entre tres licitadores, lo que supone un incremento superior al 97% del importe mínimo de licitación. Este inmueble malagueño, por sí mismo, supone más de un tercio del total de ingresos nacionales.

La primera subasta presencial tras la pandemia del Fondo de Bienes Decomisados generó máxima expectación, registrándose 280 acreditaciones para participar en ella.

En esta ocasión el Estado ingresará 8.604.764,94 euros, superando ampliamente sus expectativas de venta. Inicialmente, tenía previsto ingresar 5,3 millones de euros, por lo que obtuvo al final un 60% adicional, tras conseguir adjudicar 27 de los 32 lotes subastados.

Además del aparcamiento malagueño se han subastado, entre otras propiedades, viviendas, locales comerciales, plazas de garaje y trasteros, fincas y parcelas rústicas. No obstante, el aparcamiento de Málaga no fue el inmueble por el que la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa) ha conseguido un mayor incremento porcentual, llegando en algunos casos a duplicar y triplicar el precio de salida, e incluso a cuadruplicar, como es el caso de una finca rústica de regadío de más de 3 hectáreas ubicada en San Adrián del Valle (León).

Los otros inmuebles subastados en Málaga fueron un local comercial en la plaza de Arriola, que se adjudicó en 254.524 euros. Dos áticos en la misma ubicación se cerraron en 236.504 y 252.504 euros. En total, el Gobierno recaudó 3,8 millones de euros.

Además, en la provincia de Granada salió a la puja un local en una urbanización de Sierra Nevada. Su precio inicial era de 54.770 euros y se enajenó finalmente por 128.555 euros.

De la provincia onubense salieron a subasta tres inmuebles de Huelva y Ayamonte. En total la suma ascendió a 582.746 euros. El primer lote incluía una vivienda y un garaje en la calle Punta Umbría ayamontina. Salió a subasta con un precio inicial de 80.000 euros y se adjudicó en prácticamente la misma cantidad. En la misma localidad se adquirió otra vivienda de la calle Camino de la Noria por casi 90.000 euros, 15.000 menos del precio de salida.

El lote onubense más elevado era un local de la calle Jabugo de la capital onubense. Su precio de salida era de 389.000 euros, la segunda puja al quedar desierto se inició en 330.000 y finalmente un comprador se hizo con él por 412.000 euros.

En concreto, se han subastado 32 lotes de bienes inmuebles procedentes del tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, entre los que se encuentran, viviendas, locales comerciales, plazas de garaje y trasteros, fincas y parcelas rústicas y un aparcamiento.

Los lotes subastados se corresponden con inmuebles ubicados en las provincias de Pontevedra (9), Málaga (4), A Coruña (3), Huelva (3), Las Palmas (3), Valencia (2), A Coruña (1), Granada (1), Lugo (1), Tarragona (1), Castellón (1), León (1), Madrid (1) y Burgos (1).

El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destina a revertir en la sociedad los perjuicios ocasionados por las drogodependencias y el narcotráfico. Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral. Del mismo modo, se llevan a cabo actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia.