El abogado de un ex alto cargo de la agencia andaluza IDEA ha pedido que se amplíe a otros siete aspectos la documentación de la Junta y el Parlamento andaluz sobre el conocimiento que los diputados autonómicos tuvieron de las ayudas investigadas y las enmiendas a los Presupuestos que presentaron. En su recurso, el abogado Juan Carlos Alférez recoge que la juez de los ERE, Mercedes Alaya, sólo aceptó una de sus ocho peticiones sobre la documentación que tuvo el Parlamento en torno a las ayudas investigadas.

Las otras siete que ahora reclama "en modo alguno pretenden criminalizar la actividad parlamentaria", sino sólo introducir en el proceso un material para que los imputados, en fases posteriores, lo puedan utilizar y "ejercitar con plenitud el derecho de defensa". La juez de los ERE acordó el pasado 3 de marzo pedir los diarios de sesiones de la Comisión Parlamentaria de Economía y Hacienda entre 2001 y 2010 donde se debatió el presupuesto anual, así como de la sesión plenaria que aprobó los correspondientes presupuestos en el mismo período de tiempo. También pidió certificados de que la Consejería de Hacienda hubiese remitido al Parlamento "con la periodicidad trimestral que exigen las Leyes de Presupuestos", y entre el año 2000 y la actualidad, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L, utilizado para pagar las ayudas investigadas.

Alférez, que defiende a un ex director general de la agencia IDEA, pide por ello que el Parlamento de Andalucía acredite haber recibido y distribuido entre los integrantes de la Comisión de Hacienda los expedientes de modificaciones presupuestarias de todo el periodo investigado, así como todas las enmiendas formuladas por cada uno de los grupos de la cámara en relación a las Leyes de Presupuestos.

A la Cámara de Cuentas le pide que aporte "la exacta documentación que, año tras año y durante el periodo investigado, se remitía al Parlamento en relación con la aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma", y al Parlamento que acredite haber distribuido esa información entre los integrantes de la Comisión de Hacienda. También desea que el Parlamento entregue "en el mismo formato que le fueron remitidos, presumiblemente digital", la "misma y exacta documentación que año a año el Consejo de Gobierno le remitía concerniente al proyecto de Ley de Presupuestos" y que certifique "entre qué parlamentarios exactos, año a año, se distribuía la misma documentación que Consejo de Gobierno remitía".

La decisión de Alaya de investigar lo que la Comisión de Hacienda supo sobre las ayudas investigadas ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción por entender que los 17 parlamentarios que integraban dicha Comisión no eran expertos en la materia sino que son "ciudadanos a los que no se exige una cualificación especial".