Educación

Moreno deberá gastar un tercio más en las matrículas universitarias bonificadas

  • El aumento de los aprobados obligó al anterior Ejecutivo a incrementar en 11 millones la partida inicial de 30 millones incluida en los Presupuestos andaluces de 2018

Universitarios atienden la explicación de un profesor en una facultad andaluza. Universitarios atienden la explicación de un profesor en una facultad andaluza.

Universitarios atienden la explicación de un profesor en una facultad andaluza. / De Lamadrid

El Gobierno andaluz deberá establecer una partida de más de 40 millones de euros en los Presupuestos andaluces de 2019 si quiere cumplir con la bonificación del 99% de las asignaturas sin cates en la universidad. De ese modo, Juanma Moreno tendrá que incrementar en un tercio el dinero dedicado a las matrículas universitarias con créditos aprobados el curso anterior, pasando de los 30 millones recogidos en las cuentas de 2018 a, como mínimo, 40 millones.

Aunque este gasto imprevisto no resulte excesivo para el Gobierno –las cuentas anuales totales rebasarán los 35.000 millones en 2019–, probablemente sea un aumento de gasto con el que no ha debido de contar el Ejecutivo de PP y Ciudadanos, cuya primera medida ha consistido, precisamente, en renunciar a unos ingresos de alrededor de 40 millones como consecuencia de la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones. No será por tanto fácil cuadrar ingresos y gastos cuando llegue la hora de elaborar unos nuevos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

La norma que bonifica las matrículas universitarias, aprobada unánimemente en 2017 por el Parlamento, fue una de las políticas con más impacto de la anterior legislatura. El entonces consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, sacó de la chistera un conejo con el que el PSOE andaluz potenció su perfil social en medio de una legislatura –la anterior– en la que la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, sufrió duras críticas por ocuparse menos de las cuitas andaluzas que de las nacionales: la situación en Cataluña, la investidura fallida, la crisis en el PSOE federal o las elecciones primarias en las que se enfrentó a Pedro Sánchez.

Una estimación inicial antes de las transferencias 

En ese contexto, en primavera de 2017, el Consejo de Gobierno anunció la bonificación de las matrículas universitarias, estimando unos 30.000 beneficiarios para el curso 2017-2018, cuya inversión debía rondar, según los cálculos iniciales, los 30 millones. Ésa fue la cantidad incluida para tal capítulo en las cuentas públicas de 2018. Los cálculos, sin embargo, no estuvieron atinadas.

No puede saberse si fue debido a una escasa confianza en los resultados académicos de los estudiantes universitarios, pero el caso fue que los datos ofrecidos por Ramírez de Arellano a finales de 2017 fue de 76.558 universitarios beneficiados en el curso 2017-2018. Arellano, además, aprovechó para informar de una modificación presupuestaria de 10,9 millones llamados a sufragar el gasto bonificado correspondiente al último trimestre de 2017.

Los 30 millones incluidos en las cuentas públicas de 2018, por tanto, sólo dieron cobertura a la partida de las matrículas del curso anterior. Cuando llegó el recibo de los alumnos bonificados en el último trimestre de 2018, correspondientes al curso 2018-2019 –94.068 estudiantes provisionales–, la consejería debió aprobar varias transferencias presupuestarias por un valor neto de más de 11 millones.

Modificaciones en los Presupuestos de 2018

Las transferencias de dinero se extrajeron de partidas vinculadas, entre otros capítulos, a la investigación y la innovación social y ayudas para autónomos. Entre ellos se encuentran gastos no usados de un millón de euros pensados de inicio a proyectos de economía social, 1,7 millones de becas postdoctorales Talentia, 1,22 millones no gastados en el Centro Andaluz de Biología Molecular Regenerativa (Cabimer) y 3,9 millones de intereses de deuda pública, entre otros.

Con el fin de no acometer modificaciones presupuestarias de última hora, como ha ocurrido en los dos ejercicios precedentes, el Gobierno de Juanma Moreno deberá añadir a los 30 millones que figuran actualmente en las cuentas prorrogadas no menos de una decena de millones si quiere satisfacer la ley de carácter social estrella del anterior Gobierno. Y todo eso pese a que la consejería del ramo ha estimado en 34 millones el gasto en bonificaciones para el curso 2018-2019 aunque haya 20.000 estudiantes beneficiados más que en el 2017-2018.

Para dar cumplimiento al nuevo derecho adquirido en la anterior legislatura –una "revolución", según afirmó la entonces secretaria de Políticas Migratorias Beatriz Rubiño–, el nuevo Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo mayor en las cuentas. De entrada, la medida de las bonificaciones de asignaturas universitarias aprobadas no aparecía como prioridad en el documento marco del Gobierno de PP y Cs para la presente legislatura.

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