Los bloqueos institucionales son para el verano, que es cuando, habitualmente, el Gobierno central informa a las comunidades autónomas sobre los ingresos que recibirán del Estado para poder ejercer sus competencias. Como ya ocurrió en 2016, España tiene, de nuevo, un Ejecutivo en funciones, a lo que hay que sumar la interinidad de unos Presupuestos prorrogados.

Esta situación limita considerablemente el margen de maniobra del titular del Ministerio de Hacienda, lo que no exime a los consejeros regionales del ramo de exigir una actualización que es, en teoría, vital para su labor de elaborar las cuentas autonómicas. María Jesús Montero lo hacía y ahora es Juan Bravo quien presiona a la dirigente socialista para que actualice sus entregas a cuenta. Pero hay que recordar que, en el verano de 2016, la ahora ministra de Hacienda esbozó los Presupuestos de la Junta de 2017 sin saber la cantidad exacta que Cristóbal Montoro le iba a ceder a Andalucía para elaborar sus cuentas.

España acababa de enfrentarse, por primera vez, a una repetición electoral provocada por la falta de acuerdo. Entonces era Mariano Rajoy quien estaba en La Moncloa en funciones y su ministro de Hacienda no había actualizado las entregas a cuenta a mediados de agosto.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Susana Díaz, María Jesús Montero, reclamaba a su homólogo estatal, aunque reconocía que su departamento estaba ya enfrascado en la elaboración de las cuentas andaluzas de 2017. Finalmente, tuvo que hacer números con una estimación de los ingresos, es decir, sin el dato oficial. “Se puede hacer, pero siendo prudente. En caso contrario pueden salir unos presupuestos inflados por la parte de los ingresos”, explican fuentes conocedoras de aquel proceso.

Tres años después han cambiado las tornas. Ahora es María Jesús Montero quien recibe las presiones desde Andalucía. Y por parte de un consejero del PP. Juan Bravo, que ha tornado en una de las estrellas del Gobierno de la Junta, lleva días presionando a Madrid para que el ministerio actualice las entregas a cuenta.

Junto con la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2017 y la dotación del fondo de compensación interterritorial, son datos claves para poder elaborar el Presupuesto de la Junta para 2020. Sobre todo cuando el bipartito andaluz ha puesto el foco en esas cuentas y las considera la primera piedra de la amplia reforma que aspiran a poner en marcha en la comunidad. La liquidación de 2017 ha resultado positiva para Andalucía.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública divulgó los datos el pasado 31 de julio y el desequilibrio entre los ingresos previstos y lo que finalmente se ha generado resulta en su saldo de 698 millones de euros para la región, que ya están previstos en las cuentas recién aprobadas. A ello hay que sumar 160 millones del fondo de compensación interterritorial.

Sin tener en cuenta los 400 millones del llamado 13 mes de IVA que no llegaron a Andalucía con la caída del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el montante más importante es el que procede de las polémicas entregas a cuenta.

En el PP reconocen que las cuentas de 2020 deben ser expansivas si el Gobierno quiere afrontar las reformas en sanidad y educación a las que aspira. El propio Juanma Moreno habló de 5.000 millones más para la Consejería de Salud y Familias, aunque el aumento de los ingresos en el Presupuesto no será tal. En 2019, con un momento expansivo de la economía, el crecimiento respecto a 2018 ronda los 1.800 millones de euros.

En este contexto los populares redoblan su presión sobre Montero y ayer fue el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, quien tachó de “irresponsable” al Gobierno. “Tienen actitudes poco democráticas”, insistió el político cordobés, quien calificó de “matonismo” culpar al PP de la situación de bloqueo institucional que impide la actualización de las entregas a cuenta.

Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública aseguran que la “voluntad política” de María Jesús Montero pasa por actualizar las entregas a cuenta. De hecho, garantizan que, en caso de que se produzca la investidura, el Gobierno divulgará la información que reclama Andalucía, pero también otras comunidades como Galicia. El impedimento, explican, es que para hacerlo es necesario aprobar un real decreto, una potestad vetada a los ejecutivos en funciones.

Esgrimen también el argumento que ofrece la Abogacía del Estado, que considera que distribuir “4.000 o 5.000 millones” entre las regiones “comprometería” al futuro ejecutivo, por lo que la ministra, en funciones, no puede afrontar esa tarea. Desde Hacienda recuerdan, además, que su postura difiere de la que tenia Cristóbal Montoro, que se negaba a actualizar las entregas a cuenta hasta que no hubiera presupuestos, algo harto difícil en la situación actual.