La Junta no está dispuesta a tender una alfombra roja para que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, imputado por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, se reincorpore a su plaza de funcionario, como había solicitado. Y ayer, poco después de que el consejero de Empleo, Manuel Recio, asegurara que el reingreso de Guerrero está en fase de estudio, el Ejecutivo andaluz decidía suspender dicha reincorporación como "medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido".

La Junta decidió en concreto la "suspensión provisional de funciones" de Guerrero como funcionario "de manera simultánea a su reingreso al servicio activo" al entender que "aun cuando tiene derecho al reingreso al servicio activo, procede declararlo simultáneamente en suspensión provisional de funciones, dado que esta situación administrativa resulta una medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido". El Estatuto Básico del Empleado Público dispone que podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial aun cuando dicha medida no hubiera sido adoptada por el órgano judicial.

La Junta sostiene que, "aunque la presunta comisión de dichos delitos no tuvo lugar en el desempeño de sus funciones como personal funcionario de la Junta sino en el ejercicio de su cargo de director general de Trabajo de la Consejería de Empleo, los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales supuestamente infringidos pueden lesionarse tanto desde la condición de autoridad administrativa de la Junta de Andalucía como también desde la de personal funcionario de la misma". El abogado de Guerrero, Fernando de Pablos, avisó al conocer la suspensión dictada por la Junta de que ésta podría incurrir en un delito de prevaricación y no descartó la presentación de una querella.

La secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, "espera, desea y está convencida" de que la juez Alaya no hará coincidir sus autos con la campaña de las elecciones. Díaz recordó que en pasados comicios llamó la atención la coincidencia en las difusiones de los autos de la juez y confió en que ahora no sea "de la misma manera". La dirigente del PSOE se sacudió las preguntas que hacen referencia a las implicaciones de socialistas en el caso y a la derivación de responsabilidades y reiteró que "hemos actuado con contundencia y tolerancia cero" en un caso "desagradable y que nos duele". Díaz evitó pronunciarse sobre el daño electoral que puede causar este caso y rebatió al presidente del PP-A, Javier Arenas, sobre la oportunidad del anuncio de la fecha electoral y dijo que es Arenas el que pretende "tapar" los escándalos de los ex presidentes populares Francisco Camps y Jaume Matas.

Desde el PP andaluz, su vicesecretario general, Ricardo Tarno, mostró ayer una factura por importe de 6.960 euros emitida por la sociedad Lógica Estratégica Empresarial SL, propiedad del que fuera chófer de Guerrero, por unos servicios realizados a la empresa Comercial Alimentaria Dhul, investigada por un ERE irregular. En la factura, con fecha 2 de junio de 2004, aparecen como conceptos la preparación de nuevo expediente de ayudas a la concesión para el proyecto de ampliación de las instalaciones en Granada, según contrato de prestación se servicios firmado y la cuenta de la liquidación definitiva del contrato de prestación de servicios. Cada uno de estos conceptos tiene un importe de 3.000 euros, a los que hay que sumar 960 euros del IVA.

Tarno se preguntó "qué hace Dhul, una empresa investigada por la juez Alaya, contratando a esta sociedad del chófer de Guerrero" y si "alguna vez sabremos qué relación real han tenido los negocios de la familia Ruiz-Mateos y la Junta".