La Junta de Andalucía ha elevado una consulta a la Administración General del Estado para propiciar que la fórmula en que trabaja se adecúa a la normativa estatal, la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, para encontrar una salida a los interinos que deben abandonar sus puestos tras no superar el proceso de consolidación del empleo público puesto en marcha a instancias de la Unión Europea y evitar un litigio posterior con el Estado en forma de la presentación de un conflicto de competencias por alejarse Andalucía del camino trazado por la norma estatal.

El consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local, José Antonio Nieto, ha explicado esta situación durante una comparecencia parlamentaria en comisión, aun cuando ha asegurado al Grupo Socialista que "no voy a pedirle permiso al Estado para una norma del Parlamento de Andalucía" con el argumento del "esfuerzo que nos ha costado la autonomía".

Nieto ha asegurado aguardar esa respuesta hasta el 30 de abril para deducir que en caso de no tener respuesta del Gobierno "no habría conflicto de competencias".

La Junta dice buscar ese amparo legal para las plazas que en estos procesos hayan quedado vacantes y se puedan convocar bajo los criterios que establece esta ley, que recoge condiciones excepcionales para la estabilización. Como el texto actual no lo permite, la Junta busca contar con ese respaldo legal del Ministerio.

El escrito de la Junta tiene el refrendo de los sindicatos CCOO, CSIF e ISA, además de PP-A y Vox.

El consejero, que ha ironizado sobre el hecho de si era "la cuarta o la quinta vez en que comparezco en sede parlamentaria para hablar de este asunto", ha sostenido que la pretensión del Gobierno andaluz con este proceso es "cumplir y no vernos comprometido" para desechar que ese temor se concrete en un conflicto de competencias que interpusiera el Estado.

El titular de Justicia, quien ha proclamado que "tenemos muy claro los principios constitucionales", ha apelado a que "hay zonas de sombra que nos preocupan mucho", en alusión a esa Ley 20/2021, tras poner de manifiesto que "quien hace la ley, la interpreta", para seguidamente aclarar que esa consulta al Estado es para propiciar que "nuestros interinos estén en las mismas condiciones que el resto" después de lamentarse que "no pudimos encajar ahí a nuestros interinos".

El dilema que ha descrito Nieto sobre esa solución para ese millar de interinos se encaminaba a que "nos arriesgamos a impugnaciones o nos ajustamos a la interpretación de la secretaria de Estado de Función Pública", aunque ha asegurado que "en el mes de mayo se van a ocupar la mayoría de las plazas" y ha defendido "darle claridad a las personas que pueden optar a esas plazas", mientras se ha mostrado convencido de que "la Administración (andaluza) va a dar salto cualitativo para erradicar la temporalidad" tras este proceso.

El consejero, quien ha asegurado que "doy por reproducidas mis palabras del último Pleno", en referencia a su comparecencia de 22 de marzo, cuando entonces habló de disponer de "una bolsa preferente" para esos interinos y a quienes se les ofrecería las vacantes que queden, ha afirmado que "no le puedo garantizar a nadie una plaza en la Administración, pero sí las mejores condiciones que garantice la ley", a lo que ha sumado los propósitos de "sin crear un conflicto con otra Administración y sin crear un agravio de una persona sobre otra". 

Réplica de los grupos

El diputado del PP Juan Bueno ha defendido el trabajo del Gobierno andaluz asegurando que "no estamos para no afrontar los problemas y volverles la cara, estamos para hablar de ellos" tras esgrimir que "es un tema que no es fácil y no podemos dudar que el Gobierno está preocupado y ocupado".

Bueno ha defendido que "tener el beneplácito del Gobierno de España, es bueno que lo consulte" tras esgrimir que "no sé dónde está el problema" y que "no es incompatible que se sienten las dos administraciones a hablar".

El parlamentario socialista Victor Torres ha puesto de manifiesto que "queda trabajo por hacer" cuando "el tiempo se agota" antes de precisar que hay tres colectivos inmersos en este proceso de consolidación de la plaza que han estado ocupando como personal interino de la Administración autonómica, que son "aquéllos que ganaron su oposición y están a la espera de destino, los ya cesados y aquéllos que están en proceso de estabilización, no lo consiguieron y están pendiente del cese".

Torres, quien ha planteado que "el miedo de evitar el conflicto de competencias no nos lo asegura" y ha expresado su incertidumbre por el hecho de "no conocer el texto de esa disposición legal" que se le ha trasladado en la consulta al Gobierno, para colegir que, "aunque no lo conocemos los grupos ni los sindicatos, seguro que lo tiene muy cerrado".

"Mientras no tengamos esa propuesta concreta siempre vamos a tener la duda permanente", ha sostenido el diputado socialista, quien ha proclamado que "si se ajusta a Derecho, la posición del PSOE es conocida: donde esté la solución de estos 1.049 interinos de larga duración ahí vamos a estar el Grupo Socialista".

El parlamentario de Vox Benito Morillo ha asegurado sobre la solución para ese millar de interinos a punto de cesar que "se tome la acción que se tome siempre se van a a dejar cadáveres en el camino", mientras que ha recordado que "hablamos de la vida de miles de personas y de sus familias, afecta a 1.050 personas", antes de preguntar puntualmente al consejero de Justicia sobre "qué pasa con los interinos de Fondos Europeos, parece ser que están olvidados por la Consejería".

Morillo ha relatado que "el 90% de los aprobados tiene cero puntos en el apartado de la experiencia" para colegir de esa afirmación que "no eran interinos, que no han estado en la Administración" y asegurar que "se ha consolidado la plaza, no al personal interino", y lamentar que "se ha cesado a gran cantidad de interinos de larga duración, desoyendo las indicaciones en este asunto de la Unión Europea y los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".