Cerrada antes de abrirse la puerta de la convocatoria de un referéndum sobre autodeterminación, las negociaciones para conseguir el respaldo de los nacionalistas de Junts y ERC a la investidura de Pedro Sánchez, gira en torno a un posible acuerdo de financiación autonómica que mejoraría la actual de Cataluña y que pasaría, al menos de inicio, por una quita de la deuda y la mejora de las condiciones de dicha comunidad. La Junta prefirió adelantarse a cualquier posible decisión relativa a la modificación de un pacto que data del año 2009 y que todas las partes parecen de acuerdo en la necesidad de su reforma.

Así, desde la Junta de Andalucía se trasladó la necesidad de acometer dicha reforma “sin agravios” tal y como destacó la consejera de Hacienda y fondos Europeos, Carolina España, pero además que dicha modificación debe llevarse a cabo ineludiblemente en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre todas las comunidades autónomas.Esta postura choca con la señalada en los últimos días desde la Generalitat que reclama una negociación bilateral con el próximo gobierno.

La Junta calcula que Andalucía es una de las comunidades autónomas infrafinanciadas, con un montante anual que ronda los 800 o incluso 1.000 millones de euros anuales y la eleva incluso a los 1.300 si tienen en cuenta la población de derecho. Con todo, Andalucía habría dejado de recibir por un sistema que consideran lesivo y obsoleto cuando se liquiden las cuentas de este ejercicio, más de 12.000 millones de euros, siempre según el criterio de población ajustada.

Detrás de esa postura puramente económica, hay una posición política.Así, desde el Ejecutivo autonómico se sostiene que mantienen la misma postura estuviera quien estuviera en laMoncloa y de hecho, recuerdan que en 2016, cuando gobernaba el PP, se aceptó la propuesta del PSOE qaue proponía una reforma del sistema en su conjunto. En ese mismo periodo de tiempo, señalan desde la Junta, cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda, sostenía una “necesidad urgente de reforma” ya que a su entender, se dejaba fuera a 220.000 andaluces, por lo que reclamaba una financiación anual de 4.000 millones de euros y apuntaba al gobierno de Mariano Rajoy como el causante de las pocas prisas por reformar el sistema de una manera global.

Desde 2018, cuando Montero pasó a ser ministra de Hacienda, desde la Junta se considera que no ha cumplido con la reforma, ni se ha aprobado el fondo transitorio compensatorio pedido de una manera reiterada por Andalucía y otras comunidades que también se consideran infrafinanciadas (Valencia, Murcia y Castilla La Mancha entre otras), ni ha facilitado la búsqueda del consenso que se pedía desde la Junta. Desde su posición en el gobierno central, Montero sostiene que Andalucía recibe más dinero que nunca, algo que desde la Junta se considera como un argumento falaz, ya que el incremento de entregas a cuenta, responde al crecimiento natural de la recaudación fruto de la mayor actividad económica y empresarial y que dichas entregas a cuenta son las mismas que se aplican al resto de las comunidades autónomas, por lo que los desequilibrios no se han corregido.

Ayer mismo, desde la Consejería de Hacienda se sostuvo que las últimas cifras hechas públicas por el Ministerio corresponden a 2021 (la liquidación definitiva se realiza por norma con dos años de retardo) y arrojan una infrafinanciación anual de 1.079 millones de euros (atendiendo a la población ajustada) y una cifra acumulada de 10.073 millones menos entre 2009 y 2021, según la consejera, Carolina España.

En una aclaración a este periódico, el Ministerio de Hacienda puntualizó que “la cifra de liquidación negativa no es lo que Andalucía pierde sino la diferencia entre el dinero recibido en entregas a cuenta y la cifra final que le corresponde en relación a cómo se ha comportado la recaudación”, a la vez que aseguraba que “desde que María Jesús Montero es ministra de Hacienda Andalucía ha recibido al año 6.000 millones de euros de lo que recibió durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y todo ello sin contar los fondos europeos”.

También terció en la polémica la consejera de Empleo, Rocío Blanco quien recordaba que “España es un Estado autonómico donde todos somos iguales ante la ley”, por lo que “los ciudadanos de Andalucía no pueden ser tratados de peor condición que una persona que viva en Cataluña”.

“Nos parece que hay que estar en contra de una condonación de deuda” a Cataluña “cuando Andalucía también tiene deuda con el Gobierno de España”, añadió Blanco antes de agregar que desde la Junta “tenemos que defender los intereses de los andaluces, y no podemos tener un entorno diferente y jugar en otra liga”, porque la posible condonación de deuda sería “un trato de favor que en un Estado de derecho como el que tenemos en España no se debe consentir”.