La Junta supedita el agua para los nuevos regadíos de Doñana a que el Gobierno haga las obras

Sevilla/La Junta de Andalucía ha supeditado la llegada de agua a los nuevos suelos agrícolas que se pretende regularizar en la Corona Norte de Doñana, a que el Gobierno central haga las obras necesarias para que estas nuevas hectáreas (en torno a 750 según las estimaciones del Gobierno autonómico) puedan disponer de agua superficial para poder ser regadas. De lo contrario, según ha confirmado el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, "no podrán regarse".

Desde la Junta también se ha responsabilizado este martes al Gobierno central de la falta de acuerdo entre ambas administraciones a la hora de buscar una solución conjunta que de respuestas adecuadas a los regantes de la Corona Norte de Doñana, al "negarse" a convocar una comisión bilateral.

La propuesta, que avala el Ejecutivo andaluz, cosechó este lunes un rechazo mayoritario en el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana, lo que el portavoz ha achacado a que las distintas partes acudieron a esta cita con posturas "preconcebidas" y a que "nadie" cambió de opinión.

Después de precisar que en el pleno del Consejo de Doñana "no se votó nada", ha remarcado que el Gobierno andaluz "comparte" la opinión de los científicos sobre la crítica situación de Doñana agravada por la sequía, pero ha acotado que la cuestión es "si se aportan alternativas o se mira a otro lado como se ha hecho tradicionalmente".

"Ante la falta de voluntad del Gobierno, que se ha negado a la comisión bilateral y al diálogo, el Gobierno andaluz ha movido ficha con una propuesta que no amnistía a los infractores, que pretende analizar caso a caso y apuesta por el agua superficial sin dañar al acuífero de Doñana", ha asegurado.

"El acuífero y la protección de Doñana son innegociables", ha remarcado Fernández-Pacheco, que ha aseverado: "Si el Gobierno no hace las obras hidráulicas para llegue agua superficial, no habrá agua".

Preguntado por la posibilidad de que la Junta traslade a la UE su versión sobre la propuesta de ampliar las zonas regables, el portavoz ha aclarado que el interlocutor ante Bruselas es el Gobierno de España, si bien ha reconocido que hay contactos para "ir de la mano".

"Me preocupa que se esté trasladando a la UE una imagen distorsionada de lo que dice la proposición de ley. Si se dice lo que no contempla quien lo hace se deslegitima", ha señalado.

En este sentido, ha pedido "rigor" tanto al Gobierno central como a sus portavoces en Andalucía.