Vivienda

La Junta planea traspasar el control de las viviendas turísticas a los ayuntamientos

Turistas en Málaga.

Turistas en Málaga. / JAVIER ALBIÑANA

El Gobierno andaluz trabaja en un decreto para regular las viviendas turísticas que propiciará que los ayuntamientos puedan controlar su actividad, cuando hasta ahora era una competencia autonómica sobre la ordenación turística, según ha puesto de manifiesto este jueves en el Pleno del Parlamento el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha situado esa atribución en "darle instrumentos a las entidades locales" junto con "promover el equilibrio entre residentes y el alojamiento".

Moreno ha señalado sobre el contenido de ese decreto, que se someterá a información pública en las próximas semanas, que traerá consigo la creación de la empresa gestora de viviendas turísticas, una medida que ha descrito como "profesionalizar" su gestión y con ello identificar "la responsabilidad de los prestadores del servicio ante los ayuntamientos".

Las aspiraciones que el presidente andaluz ha descrito con esa norma de viviendas turísticas es garantizar "cumplir con la normativa" y "el respeto al entorno", dentro de una iniciativa legal que ha situado como "trabajar para ordenar un sector por el que nadie había hecho nada". "Nos preocupa la masificación de viviendas turísticas", ha afirmado Moreno, quien ha apostado por "un turismo sostenible, de calidad, menos estacional".

Expectativas del sector

El presidente andaluz, quien ha invocado que el turismo representa el 14% del PIB andaluz y que da a empleo de forma directa e indirecta a 400.000 personas en la región, ha apuntado sobre las expectativas turísticas de este 2023 que "si este año nada extraño sucede podremos alcanzar el récord de 32,5 millones de visitantes de 2019 para llegar a los 33 millones".

Moreno ha defendido la contribución del turismo como "un elemento dinamizador que genera empleo".

El recurso al PGOU de Cádiz

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha indicado a Moreno que "tiene un problema con el turismo", que ha situado en "la disyuntiva entre la gente que paga el alquiler y las multinacionales", para deducir seguidamente que "se ha puesto del lado de las multinacionales".

Le ha recriminado así el recurso que interpuso por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Cádiz para limitar las viviendas turísticas, punto en que ha invocado extractos de la sentencia para afearle que "los tribunales dicen que no defiende el interés general".

Moreno le ha replicado en este punto que el recurso fue a instancias de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, de la que ha señalado su autonomía respecto al Gobierno andaluz.

Sin mejorar el empleo en el sector

"Ni una sola medida en mejorar el empleo", ha proclamado José Ignacio García sobre la actitud del Gobierno andaluz, mientras que ha reprochado a Moreno que "en Fitur no ha faltado ni un año", antes de considerar que "un turismo de más poder adquisitivo no se traduce en mejores salarios", así como ha señalado que los 109 campos de golf de Andalucía consumen la misma cantidad de agua que un millón de personas, por lo que ha pedido que "rescatemos a los 4.000 trabajadores" de los campos de golf si la Junta acometiera dejarlos sin agua tras advertir de que Andalucía va camino de ser "un páramo al que no va a querer venir nadie".

Más pisos que censo

García ha denunciado que los datos sobre el peso del turismo en el PIB de Andalucía "no nos dicen nada sobre cómo afecta a la vida de la gente, sobre cómo se reparten estos beneficios" para lamentar entonces que "se ha relegado a Andalucía, se la ha condenado al monocultivmo del turismo", para señalar que "en el centro de Málaga hay más pisos turísticos que personas censadas", a lo que ha añadido "la explotación sistemática de los trabajadores" por cuanto ha descrito que "abundan los contratos en fraude de ley".

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha advertido también sobre que la masificación turística "destroza el medio ambiente", de lo que ha puesto como ejemplo el megaproyecto de Trebujena (Cádiz) en las cercanías del Parque de Doñana para pedirle su paralización pese a haberle otorgado una autorización ambiental favorable. 

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