Caso de los ERE

Magdalena Álvarez defiende ante Alaya la legalidad del sistema de las ayudas

  • La ex consejera de Economía y Hacienda dice que no conocía los reparos de la Intervención General de la Junta y culpa de las irregularidades a la gestión de la Consejería de Empleo.

Magdalena Álvarez defendió ayer la legalidad del sistema de las transferencias de financiación que se empleó para la concesión de las ayudas de los ERE y aseguró que no tenía conocimiento de los numerosos reparos planteados por la Intervención General de la Junta a la utilización de este modelo. Durante tres horas, Magdalena Álvarez respondió a las preguntas de la juez Mercedes Alaya y de los fiscales delegados de Anticorrupción -se negó a responder al resto de acusaciones y defensas-, en una comparecencia que se desarrolló por primera vez en mucho tiempo sin contratiempos ni momentos de tensión entre la juez y la persona imputada. Magdalena Álvarez, actualmete vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, accedió a declarar en contra del criterio de los tres últimos ex altos cargos de la Junta, que se habían acogido a su derecho a no declarar cuando se sentaron frente a Alaya.

La juez le imputó sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, unos cargos a los que Magdalena Álvarez respondió argumentando  que cuando dirigió la Consejería de Hacienda lo que hizo fue "trasponer" la legislación estatal a la autonómica en materia de transferencias de financiación, un sistema que "ya venía utilizándose bajo otra denominación en la década de los 90", aunque reconoció que "sólo estaban destinadas a financiar operaciones genéricas de las empresas públicas", no ayudas sociolaborales. La ex consejera admitió, no obstante, que "ha podido haber un uso inadecuado pero no una presupuestación inadecuada", ya que, en su opinión, el sistema "más idóneo hubiera sido la encomienda de gestión", un modelo que también cuestiona Alaya.

En cualquier caso, Magdalena Álvarez insistió en rechazar que tuviera conocimiento de los diversos reparos que la Intervención General de la Junta opuso a los expedientes de subvenciones sociolaborales. "No lo supe nunca ya que no tenía que conocerlo por razón de mi competencia. Ni siquiera lo escuché indirectamente", ha afirmado Magdalena Álvarez, que ha añadido que "nunca" se llegó a plantear esta cuestión en la Consejería de Hacienda ni en el Consejo de Gobierno, ni tampoco dotar de "mayor agilidad" a los procedimiento de subvenciones laborales que había emprendido la Consejería de Empleo ante el retraso que pudieran estar sufriendo dichos procedimientos.

La ex ministra precisó en que "en ningún momento" tuvo información de los hechos que se están investigando porque no tuvo acceso, ya que se marchó de la Junta en 2004 y los informes se hicieron con posterioridad.

A lo largo de su declaración, Álvarez intentó separar su gestión en Economía y Hacienda de la realizada en Empleo, que era la que concedía las ayudas bajo sospecha, y en este sentido no dudó en afirmar que "si efectivamente la Consejería de Empleo no tramitó bien los expedientes de subvenciones tendría consecuencias, como la ausencia de fiscalización". Magdalena Álvarez rechazó que las "presiones" de los sindicatos motivaran el uso de las transferencias de financiación para la concesión de estas ayudas, ya que, según dijo, "nunca ha recibido presión", y también negó que aprovecharan la complejidad del lenguaje presupuestario para introducir la partida que la juez considera "fraudulenta" en los Presupuestos autonómios. "Todos los parlamentarios están absolutamente especializados en materia presupuestaria", defendió Álvarez, que recordó que en 2006 se creó en el Parlamento andaluz la oficina parlamentaria para el asesoramiento de los presupuestos a los parlamentarios.

La instructora le preguntó sobre las reuniones de trabajo que tenía con el presidente de la Junta -en alusión a Manuel Chaves- para tratar los asuntos de importancia de su consejería y la ex ministra respondió que con el presidente se reunió "de forma más o menos frecuente para tratar de los temas que le competían, aparte de verlo en el Consejo de Gobierno", aunque precisó que "nunca se trató la mala gestión de la Consejería de Empleo y el uso de la partida de las transferencias en el Consejo".

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