El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento, Jaime Raynaud, no dudó ayer en cargar las tintas contra la "administración paralela" de la Junta de Andalucía al atribuirle a la gestión de Andalucía Emprende un "rosario de irregularidades". Raynaud basó sus acusaciones en una "ristra de incumplimientos flagrantes" de la fundación pública andaluza que han sido registrados en el informe de la Cámara de Cuentas que comprende el periodo entre 2000 y 2015.

Entre las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador, el diputado del PP-A destacó una subvención de 3,8 millones de euros recibida en 2015 por la fundación, argumentando que estas partidas deben ser "finalistas". "Para tener derecho a estas subvenciones", las fundaciones públicas "no pueden utilizarlas en gastos corrientes", señaló Raynaud, certificando que la Cámara de Cuentas alegó que tales ayudas "no quedaron suficientemente motivadas por las razones de interés público con las que se justificó". Dichos usos, según la conclusión de Raynaud, no son más que "un ejemplo más de las prácticas habituales de la Junta en la concesión de subvenciones al antojo de sus responsables".

Sobre el "incumplimiento de la normativa financiera", Raynaud añadió otro punto detallado en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas relacionado, esta vez, con las condiciones de la Consejería de Hacienda para la apertura de una póliza de crédito.

"Hacienda condicionó su autorización a que, al final del ejercicio 2015, el saldo máximo de la deuda viva de la fundación fuera cero, pero, a 31 diciembre 2015, el saldo fue de 2,4 millones", apuntó Raynaud, que se cuestionó también "para qué abrió la fundación una cuenta a plazo fijo de más de 30.000 euros, cuando su obligación es poner el dinero que recibe de las cuentas públicas al servicio de los fines públicos".

Y del incumplimiento de la normativa financiera, Raynaud se trasladó al de "la normativa laboral", ya que "las irregularidades desveladas por la Cámara de Cuentas" afectan igualmente "a la contratación y gestión del personal". Así, de 311 contratados que tenía la fundación en 2000 se pasó a la cifra de 1.069 tras una "absorción" llevada a cabo a las antiguas unidades de empleo. Sin embargo, "en tales contrataciones no quedó acreditado el cumplimiento de los principios legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

"De los 34 expedientes analizados, la documentación presenta carencias generalizadas", entre las que el portavoz parlamentario del PP-A citó que "no consta la experiencia profesional en el 56%" de los casos examinados, tampoco consta "la titulación requerida en el 62%, mientras que los "estudios complementarios no constan en el 88%".

De ese modo, subrayó Raynaud, "la Junta contraviene en Andalucía Emprende todos los principios de funcionamiento y de normativa que ella sí que obliga a cumplir a los privados".