El último episodio del escándalo de los ERE ha dado la suficiente munición al PP como para pedir la primera cabeza política. Quiere la inmediata dimisión del hoy diputado y ex consejero de Empleo José Antonio Viera, definido como pieza "esencial" en el caso por parte de la Guardia Civil, tras la declaración del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado, que colocó a su jefe como quien "dirigía la política de concesión de ayudas" de este departamento. Para el PP, Viera no deja de ser un peldaño más en una escalera de corrupción que no ha llegado a la cúspide, pero que no es la única. Creen que es sólo una más de una larga nómina de abusos de los 30 años de Gobierno del PSOE y están dispuestos a destaparlo si ganan las elecciones el próximo 25-M por "obligación moral y política", como así anunció ayer su candidato, Javier Arenas.

Pero mientras se produce o no alguna reacción en el PSOE respecto a Viera, el PP sigue insistiendo en que hay otras piezas claves. En esta lista están su sucesor, Antonio Fernández, y el que fuera su viceconsejero, Agustín Barberá, ambos imputados, pero también lo está el actual titular de Empleo, Manuel Recio, a quien los populares sitúan en la Consejería el fin de semana del 21 de noviembre de 2010 en el que, presuntamente, se procedió a la destrucción de documentos y reelaboración de otros vinculados al caso. Para el PP, los desmentidos del Gobierno andaluz no han sido suficientes ni contundentes, por limitarse a negar que hubiera tal destrucción ni manipulación de documentos, y no decir nada de si Recio y su viceconsejero, Justo Mañas, estuvieron o no allí en esa fecha.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, exigió una respuesta, en la que no se argumente que Recio trabaja hasta los fines de semana, y cuestionó al presidente andaluz, José Antonio Griñán, por qué a tenor de la gravedad de lo expuesto no abre una investigación y, si da resultado, por qué no lo cesa.

Otra de las piezas que los populares habían encajado en el entramado era Griñán, aunque ahora con un matiz distinto. Si el pasado martes Sanz aseguraba tener la "convicción" de que Griñán estaba al corriente y llegó a cuestionar si Recio recibió órdenes directas del presidente andaluz, el cambio está en que mantiene que no fue una imputación sino una simple pregunta dirigida al consejero. Aunque la querella anunciada por la Junta en su contra no se ha materializado, Sanz le restó importancia al verlo como una prueba del "nerviosismo" y del "pánico" de la Junta por la dimensión que está adquiriendo el caso y una maniobra para amordazar a quien denuncia. Algo que, por otro lado, dijo no entender cuando desde su partido se han hecho acusaciones más graves contra Griñán, como que fue el que "supo, ocultó e impulsó" la partida 31L, el conocido como fondo de reptiles, del que salieron los recursos para sufragar las ayudas directas a empresas en crisis y los ERE, y con la que se acabaron presuntamente beneficiando a empresas cercanas al PSOE de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla y con la introducción de instrusos en esos ERE.

El PSOE no reaccionó a la delicada situación de Viera -el PP cree que es "insostenible" y cuestiona las razones de su reciente dimisión como secretario general del PSOE de Sevilla, vinculada a la bronca interna por las listas al Parlamento para las autonómicas del 25-M-, y se limitó a mostrar respeto por la decisiones judiciales, que en su caso aún no se han producido, puesto que aún no ha sido imputado.Y el Gobierno andaluz, por boca de Griñán, se limitó a poner en cuestión la sincronización de los tiempos judiciales de este caso con la campaña electoral. El que la próxima declaración de Guerrero ante la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, sea el próximo 7 de marzo, tan sólo 48 horas antes del arranque de la campaña, y que la de otro de los imputados más relevantes, su ex chófer, que dijo que parte del dinero de las ayudas fue destinado al pago de las copas y cocaína que ambos gastaban en fiestas, sea cuatro días antes de su finalización, no le pareció fortuito. Dijo coincidir con lo se ha dicho en la prensa al respecto.

Con esta, sería la segunda vez que Griñán insinúa la cercanía de la juez con los intereses electorales del PP. Ya en un pleno en el Parlamento acusó a los populares de estar dirigiendo los pasos de la investigación y que estos tuvieran su reflejo directo en los autos de la juez. De hecho, el presidente andaluz incidió de nuevo en que el PP está inmerso en una "instrucción paralela" del caso, en la que dicta "sentencias diarias". No quiso decir nada de la querella contra Sanz, pero dejó caer que "en política vale todos menos acusar infundadamente de la presunta comisión de delitos a personas".