El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, denunció ayer la existencia de dos pagos directos de más de 860.000 euros por parte de la Junta a Uniter, -una de las empresas intermediarias en las pólizas de prejubilaciones-, ordenados por el actual director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, imputado por su presunta implicación con el caso de los ERE irregulares.

En rueda de prensa, Sanz explicó que éstos son los primeros pagos directos que se conocen a una empresa intermediaria por parte de la Junta de Andalucía, ya que, hasta el momento eran las aseguradoras quienes pagaban a las dos entidades intermediarias que han participado en todos los procesos de prejubilaciones y ayudas a empresas, Uniter y Vitalia.

El dirigente popular indicó que, según se desgrana de un informe elaborado por la Unidad Central Opertativa de la Guardia Civil, en la Consejería de Empleo existen documentos acreditativos de que la Junta de Andalucía habría realizado pagos directos a Uniter con fondos procedentes de dos ayudas sociolaborales para expedientes de regulación de empleo, concretamente a Santana y a la Faja Pirítica de Huelva. Según la documentación aportada por el PP-A, la Asociación de Promoción Social 28 de febrero (Santana) recibió una ayuda de 603.291 euros, de la que en 2010 se abonaron 452.468,25 en la cuenta de Uniter, pago ordenado por Rivera, como también lo fue otro de 408.304,89 euros a esta misma empresa intermediaria, proveniente de una ayuda sociolaboral a la Asociación de Faja Pirítica de Huelva por importe de 544.406,52 euros.

Sanz, que quiso dejar claro que estos dos pagos no son en concepto de comisiones por las citadas ayudas, consideró que esta información debería conllevar la dimisión "inmediata" del consejero de Empleo, Manuel Recio, y del actual director general de Trabajo. Y es que, según apuntó, la Junta de Andalucía ha ocultado a la Justicia la participación de Rivera en los pagos directos a los intermediarios, "al no haberle enviado esta documentación".

Tras recordar que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, negó en el Parlamento que la Junta pagara a los intermediarios de los ERE ningún tipo de comisión, el número dos de los populares andaluces insistió ayer en que en la mayoría de los casos estas comisiones superaban la media del mercado, un 2%, para situarse en una media del 15% ó 20%.

Asimismo, Sanz criticó que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, diera su apoyo a Rivera cuando fue imputado, "asegurando que no tenía ni la más mínima implicación" en los hechos investigados. Sin embargo, "la implicación del actual director general es total", según Sanz, quien apuntó que "ya no es que haya utilizado procedimientos irregulares, sino que ha autorizado el pago directo a los intermediarios".

Por todo ello, el PP-A ha enviado un escrito al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, encargado del caso de los ERE, en el que además de incluir la información referente a estos pagos a Uniter, demanda que se requiera a la Junta, a través de su representación en la causa, para que aporte "de manera inmediata" toda la información documental que obre en los archivos de la Consejería de Empleo o en la Agencia IDEA sobre las comisiones que hayan cobrado Vitalia y Uniter. Asimismo, los populares consideran "absolutamente necesario" en el citado documento, presentado el pasado viernes, que la Guardia Civil investigue los hechos referidos a los dos casos de pagos directos a Uniter. Para Antonio Sanz, estos hechos suponen un asunto de "enorme gravedad" y la situación evidencia "altísimas responsabilidades políticas" en la Junta, "y no de hace unos años, sino de hoy".