De poco o nada le han servido al PP sus diez intentos de comisión de investigación en el Parlamento sobre el escándalo de los ERE, todas han decaído por la mayoría socialista en la Cámara. Tampoco le han servido de mucho las preguntas orales y escritas al Gobierno andaluz, que se pueden contar por decenas. Por eso, quiere agotar su último cartucho con la petición de un pleno extraordinario en enero. Las posibilidades de que prospere su iniciativa son escasas, o más bien nulas, pero lo intentará en un ejercicio por que se retrate el Ejecutivo autonómico en un debate que, como explicó ayer el presidente del PP-A, Javier Arenas, quiere que sea "muy a fondo", ya que es el "mayor escándalo de la democracia".

La convocatoria de este pleno es todavía viable. En primer lugar, porque aún el presidente andaluz, José Antonio Griñán, no ha convocado las elecciones autonómicas y, por tanto, la Cámara no se ha disuelto. Además, enero, un mes inhábil para la actividad parlamentaria, se habilitará para un debate de balance de legislatura y propuestas de futuro, auspiciado por Griñán, que quiere poner un broche final a este mandato midiéndose en un cara a cara con su principal rival. Otra cosa es que el PSOE quiera exponerse a discutir este escándalo a dos meses de la cita electoral.

Ante la perspectiva de que ese pleno extraordinario caiga en saco roto, Arenas aprovechó la ocasión para pedir a la Junta que "deje investigar a la juez, que informe en el Parlamento y que pague a los prejubilados que han actuado legalmente". En este último punto, se refirió a la situación que están viviendo, al menos, los 1.800 prejubilados por expedientes de regulación de empleo y cuya pensión depende del pago por parte de la aseguradora Generali Seguros, que el pasado 29 de diciembre les comunicó que no se la abonaría porque la Consejería de Empleo está incumpliendo su compromiso de pagar las primas de la póliza del seguro. Arenas aseguró que este conflicto le preocupa "enormemente", y destacó que viene a sumarse a la larga lista de anomalías que se están dando en este departamento. "Se han cometido todo tipo de irregularidades, todo tipo de arbitrariedades y de discrecionalidades y lo que no puedo aceptar bajo ningún concepto es que terminen pagando los prejubilados que lo han hecho legalmente y que siempre actuaron de buena fe", afirmó.

Finalmente, el dirigente popular insistió en que las personas que han actuado correctamente "no pueden ser las víctimas de las barbaridades que se han hecho con los expedientes de regulación de empleo y con los fondos de los parados".

El caso de los ERE estalló en febrero del pasado año, cuando se descubrieron las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de ERE de algunas compañías, en los que, al parecer, se incluyeron a personas que nunca habían trabajado en ellas y que pertenecían al entorno del PSOE. Estos intrusos, por el momento, son más de setenta en 24 empresas. A estas anomalías, se sumaron otras vinculadas a las ayudas concedidas a otras 18 empresas en crisis entre los años 2001 y 2010, según los datos de la investigación interna de la Junta. En esta causa está personado el PP, como acusación particular, y la Junta, como parte afectada por estas irregularidades.