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El Parlamento andaluz tiene muy claro el destino de los bienes incautados en la operación Malaya y los que resulten de los procedimientos judiciales contra el casi centenar de imputados que se sientan en el banquillo. PSOE, PP e IU pactaron ayer que el Gobierno central tome las medidas oportunas para estos se destinen a restituir el saqueo al que sometieron a las arcas marbellíes, y que se haga a través de un plan de inversión directa en el municipio, orientado principalmente a la creación de empleo y riqueza, y para que el consistorio pueda responder de las obligaciones que tiene con las administraciones central y autonómica.
La propuesta formulada por los populares, y perfeccionada por el PSOE -la enmendaron añadiendo que el patrimonio y el dinero resultante se canalizara a través de ese plan de inversiones-, no podía salir de otra manera de la Cámara que no fuera con el voto unánime. Hace cuatro años ya habían acordado que lo expoliado retornara al Ayuntamiento, y ahora esa petición cobra más fuerza al darse la paradoja de que pese a ser éste la principal víctima, de los 4.000 millones de multa que se pide a los acusados, tan sólo 4,1 millones irán a parar a las cuentas municipales.
Con este acuerdo parlamentario -no estuvo exento de cierto rifirrafe entre PSOE y PP-, como bien apreció la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz, se "abre la puerta" en el Congreso a que el Ayuntamiento pueda normalizar su situación, que pasa por afrontar el "doble saqueo" que supone la deuda que dejaron sus antecesores, de la que tiene que responder a un interés del 6% anual, o los 1,5 millones que liquida mensualmente de la deuda sólo con la Seguridad Social y con Hacienda.
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