POCAS cosas nos hacen tan viejos en nuestro oficio como la hemeroteca. Al inicio del otoño –climatológico, para el otro creo que es pronto– he leído en las efemérides una noticia que mandaba en la portada del  periódico en que entonces trabajaba, Diario de Cádiz, bajo el epígrafe “Hace 25 años”. 

La noticia en cuestión, de la que fui autor, desvelaba una prórroga del peaje de la autopista entre Dos Hermanas y Puerto Real, ejecutada por el PSOE de Felipe González en 1986,  que había pasado de soslayo en el sur del sur. Once años después, septiembre de 1997, la extensión del periodo de explotación de la entonces A-4 (hoy AP-4) la desvelamos en un contexto de agitación y rechazo a la prolongación que el PP de José María Aznar estaba a punto de consumar, llevando el fin de la concesión al 31 de diciembre de 2019: 50 años pagando.

Tras decenios reclamando la eliminación del peaje, en la Andalucía de hoy, la supresión del pago por el derecho de tránsito ha creado un problema mayor que el agravio de haber sido durante más de cinco lustros la única provincia que tenía que pagar para usar una vía de alta capacidad que conectase con la capital de Andalucía y el norte desarrollado. La autopista de Sevilla-Cadiz vive al borde del colapso prácticamente a diario y los atascos son constantes. El trayecto se hace ahora en más tiempo y con menos seguridad. Y no es que elininar el peaje fuese un error. Al contrario: es un acto de justicia que igualaba ese itineario con el que une Córdoba, Granada, Málaga o Huelva con Sevilla. Pero la falta de inversión en infraestructura viaria ha sido tan enorme que la autopista es insuficiente para el tráfico de hoy. 

Tanto, que varios alcaldes de la provincia de Sevilla afecados por la situación de la vía exigen soluciones al Gobierno del Reino de España, que es el titular de la vía.

Incluso descartan que se cumpla la promesa de concluir el desdoble de los 60 kilómetros de la N-IV entre Los Palacios y el aeropuerto de Jerez y proponen como alternativa un tercer carril en la antigua vía de peaje. No lo comparto, porque supondría menos capacidad y dejaria el viejo trayecto de la carretera nacional como un tramo inseguro. Y aún menos apoyo a quienes defienden recuperar el pago para expulsar conductores de la autopista.

La hemeroteca nos enseña que hay reivindicaciones justas que llegan tan tarde que ya no cumplen su función. Si alguna de esas prórrogas, la de 1986 o la de 1997, se hubiese vinculado a la ejecución de la autovía por parte del concesionario, hace más de diez años que el problema habría estado resuelto. En cambio seguimos pagando, ya no un derecho de tránsito, sino con el valor de nuestro tiempo y el mayor consumo de combustible.