Podemos pretende que los "grandes tenedores de vivienda" -bancos y fondos inmobiliarios desarrollados a partir de 2008-propongan alquileres sociales a aquellos inquilinos en riesgo de exclusión social que no puedan afrontar el pago antes de iniciar cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria.

La idea está recogida en la proposición de ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, una iniciativa que no quieren presentar al registro del Parlamento hasta que no la hayan consensuado con el resto de fuerzas. El texto es la adaptación al marco normativo andaluz de una iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el parlamento catalán y aprobado por todos los partidos del hemiciclo.

La propuesta, presentada ayer por la portavoz del grupo, Teresa Rodríguez, también contempla la creación de la figura de un mediador entre los propietarios y los inquilinos que no pueden afrontar el pago. Asimismo, la norma pretende que las personas en riesgo de exclusión social no gasten más del 30% de sus ingresos en gastos de vivienda y suministros básicos -electricidad, gas y agua- mediante el fomento de bonificaciones o ayudas públicas.