Los bancos no mantuvieron una actitud leal con los investigadores policiales que a partir de 2004 investigaban el caso Ballena Blanca contra el lavado de dinero negro. Así, al menos, lo expresó ayer uno de los expertos policiales en materia de blanqueo de capitales que declaró en el juicio. Este agente firmó ante el tribunal que conseguir que las entidades financieras aportaran información patrimonial de los sospechosos fue "una pelea constante".

El especialista policial precisó que incluso se les pidió a estas entidades la información en el formato preciso con el que trabaja el sistema bancario para facilitarles la remisión de los datos en soportes informáticos, porque en papel "hubiera sido ingobernable y habría llevado más tiempo", pero aun así fue costoso obtener esa colaboración.

El agente precisó que el hilo que condujo hasta el despacho DVA de Marbella fue una identidad: Estela Elena Herrera. Este nombre apareció en una investigación judicial solicitada por el Gobierno de Francia a las autoridades españolas en relación con el narco Sophiane Hambli y en otra que realizaba un grupo de estupefacientes en torno a unos ciudadanos rusos. Después se comprobó que esta mujer era socia o administradora de cerca de 200 entidades, todas participadas mayoritariamente por corporaciones constituidas en Delaware.

Los seguimientos que se realizaron a la acusada en el marco de la investigación abierta condujeron hasta el bufete central de DVA en Marbella y allí los investigadores comprobaron que se trataba de una empleada del despacho de Fernando del Valle que llevaba una vida modesta, incoherente con el entramado de sociedades que representaba.

Este policía experto en la lucha contra el blanqueo de capitales expuso de manera asertiva, en contra del criterio de las defensas, que desde su punto de vista la trabajadora del bufete mantenía una participación en las sociedades, porque, de esta forma, el cliente último podía lograr determinadas ventajas tributarias previstas en la legislación vigente para las sociedades patrimoniales sin necesidad de tener que sacar a la luz su identidad.

A preguntas tanto de los letrados como del propio presidente del tribunal, el magistrado Federico Morales, el agente argumentó que a partir de aquellas investigaciones previas, los responsables de las pesquisas pidieron al juez instructor la intervención de los teléfonos de Fernando del Valle y de Estela Elena Herrera y justificaron la solicitud alegando que de otra forma "probablemente no se hubiera llegado a los mismos resultados. La intervención de las comunicaciones es fundamental en este tipo de investigaciones porque en los casos de lavado de capitales no se producen reuniones y de alguna forma se tienen que comunicar. Además, la mayoría de los clientes no eran residentes y no se podían vigilar".

El juicio del caso Ballena Blanca contra el presunto blanqueo de capitales de origen delictivo y en el que están imputadas 19 personas está previsto que se celebre en la Sección Segunda de la Audiencia hasta el 22 de diciembre.