Las provincias de Granada y Málaga deberán permanecer dos semanas en la fase 1 una vez que la han alcanzado hoy. Es el criterio fijado por el Ministerio de Sanidad para comprobar que los alivios no causan problemas epidemiológicos. Estas dos provincias no estarían acompasadas con el resto de Andalucía, como venía reclamando el Gobierno regional y el propio Juanma Moreno reclamó ayer a Pedro Sánchez en la décima videoconferencia semanal de presidentes autonómicos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció ayer que no habrá excepciones, por el momento, por lo que sólo Cádiz, Sevilla, Almería, Córdoba, Huelva y Jaén optan a pasar a la fase 2 el día 25 de mayo. La confirmación no llegará hasta el viernes, cuando el Gobierno hará público qué territorios avanzan en la desescalada, pero el Ejecutivo andaluz tiene pocas posibilidades de éxito en su intento por acompasar la desescalada tras el retraso de Granada y Málaga. Antes de la declaración del ministro de Sanidad, Juanma Moreno había reclamado a Pedro Sánchez que se publiquen cuáles serán los indicadores que permitirán a los territorios avanzar en la desescalada.

Según el presidente de la Junta, esta transparencia evitaría "debates absurdos". Más allá de la importancia de la evolución del brote, la capacidad hospitalaria o de respuesta para atender nuevos brotes en Atención Primaria, no se conocen con exactitud las exigencias que la Administración central impone a las regiones para avanzar en la desescalada. "Los criterios deben ser transparentes, objetivos y equivalentes", zanjó Moreno en su comparecencia posterior a la reunión. El presidente garantizó que si un territorio andaluz no cumple con los parámetros que se solicitan desde Sanidad, será la propia Junta la que no solicitará el pase a la siguiente fase. No obstante, resaltó que la evolución de la epidemia es "claramente muy favorable" en Andalucía.

"Cogobernar sólo es posible si la información fluye", zanjó el jefe del Ejecutivo andaluz. En este sentido, abundó en su reclamación para pedir que se conozcan las tasas de contagio que servirán de listón para el pase a la fase 2, así como los requisitos en materia de dotación sanitaria. "Si hay lealtad, asumiremos las decisiones", aseguró respecto a la petición sobre Granada y Málaga. Salvador Illa también aclaró que no habrá movimientos entre las provincias hasta que concluya la fase 3.

Esto es así desde que se aprobó el plan estatal, pero el vicepresidente andaluz, Juan Marín, había declarado que los viajes interprovinciales se permitirían desde la fase 2. No es así, hasta finalizada la 3, no habrá opciones para estos viajes. Con ello, Sanidad quiere evitar desplazamientos desde provincias con problemas a otras con menos impacto. Sobre este mismo asunto, Moreno eludió pronunciarse, aunque sí reconoció que Juan Marín expresó "un deseo" cuando habló de adelantar esta posibilidad.

No aclaró si la Junta solicitará que se permita antes del final de la desescalada y asoció el final de esta restricción a la evolución de la pandemia. Sobre las playas, celebró que el Gobierno haya rectificado para adelantar su apertura hasta el inicio de la fase dos. En su encuentro con Sánchez, Moreno pidió "receptividad" a las "sensibilidades" de las comunidades. Además de la unificación de la desescalada, la Junta propuso dividir los horarios en dos, con la mañana para las personas mayores y las tardes para las familias con niños. Entre estas "sensibilidades también destaca el apoyo al turismo.

Tras la polémica por las declaraciones del ministro de Consumo, el malagueño Alberto Garzón, el presidente de la Junta insistió en la necesidad de poner en marcha un rescate del sector turístico. Recordó que hay provincias cuyo PIB depende en un tercio de este sector, por lo que inquirió a revisar la cuarentena de 14 días que se impone a los viajeros que llegan a España. "Entendemos que se quiera una garantía sobre posibles contagios", admitió el presidente de la Junta, aunque se mostró partidario de estudiar "otro tipo de fórmulas" que permitan al turismo reactivarse. "Ha faltado un poco de imaginación y diálogo con el sector", abundó Moreno antes de aludir a la propuesta de la Comisión Europea sobre la creación de "pasarelas sanitarias que sean seguras". Lo contrario, defendió, sería "condenar" a Andalucía a prescindir del turismo internacional.

Moreno también volvió a pedir a Sánchez que se "cierren" los criterios para el reparto de los 16.000 millones del fondo no reembolsable del Ministerio de Hacienda. "Hay que buscar fórmulas de consenso entre las comunidades", expresó el presidente andaluz, que pretende que el debate sea en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como ha adelantado Juan Bravo en una carta a María Jesús Montero a Andalucía le "preocupan los cambios de criterio sobre la consideración del gasto sanitario".

El Gobierno andaluz considera que la región ha resultado "agraviada" porque en el reparto de los 10.000 millones para gasto sanitario prima la incidencia de la pandemia en las comunidades por encima de su población. En su comparecencia de ayer, Montero abrió la puerta a la posibilidad de dar mayor peso al número de habitantes de las comunidades así como al total de pruebas PCR realizadas y no sólo a los positivos, como estaba previsto en el primer reparto. Moreno también solicitó la "devolución" de 201 millones de euros que, inicialmente, iban destinados a políticas activas de empleo, pero el Gobierno decidió utilizar para afrontar el pago de prestaciones derivadas de la crisis del coronavirus. Con ese dinero, la Junta pretende "atender" a los alcaldes que le reclaman un plan de empleo en sus municipios.

En materia educativa, Moreno alertó de una posible "descoordinación". El presidente de la Junta echó en falta "la toma de decisiones estratégicas" por parte del Gobierno central, al que exige un "mínimo impulso" para coordinar las decisiones en el sector de la enseñanza. El dirigente autonómico mostró su preocupación por cómo afectará la gestión educativa al abandono y al fracaso escolar en la comunidad. "Necesitamos sentarnos de verdad y tomar una decisión en conjunto", expresó Moreno, que se mostró contrario a que cada región "haga una reentrada distinta". Considera que se podrían generar "agravios" que sólo se evitarán si se pacta un modelo de reincorporación a las clases presenciales que sea común a todo el país, aunque después se atiendan las singularidades de cada comunidad.