La ardua lucha contra el fraude eléctrico por el cultivo de marihuana

La magnitud del fenómeno del cultivo de marihuana en el interior de las viviendas es tal que ya la Fiscalía de Andalucía en su Memoria de 2023 advertía sobre este y el problema de seguridad ciudadana que conlleva, debido especialmente a “los delitos conexos: daños dolosos y ocupaciones en inmuebles, defraudaciones de fluido eléctrico, problemas de corte de suministros”. Y es que esta modalidad de producción, cada vez más extendida en zonas urbanas, requiere una elevadísima demanda energética, puesto que, para mantener en condiciones óptimas de luz, temperatura, ventilación y humedad, estas instalaciones funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. De tal manera que un invernadero de estas características consume el equivalente del Hospital de La Inmaculada de Granada o el de unas 80 viviendas de unos 100 metros cuadrados.

Dicha energía es sustraída ilegalmente mediante conexiones directas a la red eléctrica, una práctica que supone una grave amenaza para la seguridad de las personas y genera importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad, como las interrupciones del suministro eléctrico, debido a una sobrecarga constante en la red de distribución.

Esta situación es consecuencia de que, al estar enganchados directamente a la red eléctrica, los cultivos de marihuana quebrantan todos los sistemas de protección que existen en una vivienda: no tienen cuadro eléctrico, ni contador, ni caja general de protecciones, y dejan únicamente operativos los fusibles de los centros de transformación, que actúan ante esa alta demanda, desconectando el suministro eléctrico de todos los puntos de consumo que dependen de esa línea, tengan o no contrato, para evitar incidencias de mayor calado como incendios.

Para dar continuidad al suministro, el fusible ha de reponerse, pero para realizar ese cambio hay que esperar a que el centro de transformación baje de temperatura, un tiempo que se estima en una media de dos horas.

Inversiones

Para intentar paliar esta situación y poder ofrecer un servicio sin interrupciones, Endesa destina importantes recursos económicos a infraestructuras, que incluyen el refuerzo de centros de transformación y la ampliación de líneas de baja tensión para descongestionar las zonas más saturadas, la instalación de sistemas de monitorización para detectar sobrecargas en tiempo real y la renovación de acometidas.

Además, mantiene una coordinación constante con los ayuntamientos implicados, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, cuerpos de seguridad del Estado y servicios sociales, participando activamente en mesas técnicas e institucionales para abordar esta problemática desde una perspectiva integral.

Sin embargo, está demostrado que todo el esfuerzo inversor tiene una efectividad de corta duración en el tiempo, ya que sirve de reclamo para la instalación de nuevas plantaciones de marihuana.

Es el caso de Sevilla, donde esta compañía ha destinado desde 2020 más de 13 millones de euros a barrios afectados, con una inversión media por cliente cinco veces superior a la destinada a otras partes de la ciudad y, además, ha duplicado la potencia en donde no hay nuevas promociones inmobiliarias ni industrias. Se han instalado 12 centros de transformación hace tan solo tres años en Polígono Sur, Torreblanca, Palmete, Padre Pío y La Plata. A pesar de esta considerable apuesta, la situación lejos de mejorar se repite: la red eléctrica nuevamente sufre saturación sin que se haya registrado ningún aumento de la contratación.

No obstante, Endesa mantiene su compromiso con los clientes que cumplen sus obligaciones de pago y ha empezado a trabajar en la instalación de otra docena de centros, cuyas ubicaciones, cedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, se encuentran en el Distrito Cerro Amate, donde se emplazarán ocho; el Distrito Este-Torreblanca, que tendrá dos nuevos, y los Distritos Sur Norte, con uno.

A esto hay que sumar la instalación y canalización del cableado de media y baja tensión necesario para su conexión y puesta en servicio. En total, se colocarán más de 81 kilómetros de cableado para poder poner en marcha todas estas infraestructuras.

Estos nuevos 12 centros de transformación contarán con una potencia total de 24.000 kVAs, es decir el consumo energético de siete hospitales como el Virgen Macarena.

Otro caso a mencionar es el sucedido en la Zona Norte de Granada. En esta ocasión, Endesa ha invertido durante los últimos cuatro años cerca de 11 millones de euros, lo que ha supuesto una renovación íntegra de la red tanto en baja, media como en alta tensión.

Las actuaciones contemplaron la ampliación de la potencia de la Subestación Pulianas en un 57% y la instalación de 19 nuevas máquinas transformadoras, que se sumaron a las ya existentes y proporciona una energía extra a este barrio suficiente para abastecer a 29.000 viviendas, en un entorno en el que no ha habido crecimiento poblacional ni urbanístico.

Todas estas medidas han contribuido a que la red se encuentre sobredimensionada y cuente con hasta cinco veces más potencia de la necesaria en función al número de habitantes. Es más, la media de inversión es de 1.500 euros al año, frente a los 20 euros en el resto de Granada capital. Con todo ello, sigue habiendo cortes de suministro.

Solución

Sin duda, la solución más efectiva a esta situación, que cada vez se está extendiendo a más zonas de Andalucía, es la retirada o desaparición de la causa principal de este problema, las plantaciones de marihuana.

Un ejemplo de ello es lo acontecido en Pinos Puente, donde Endesa colaboró con la Guardia Civil en una macro actuación contra el fraude masivo por marihuana en noviembre de 2024, que se saldó con la incautación de 16.594 plantas en 23 viviendas que estaban enganchadas a la red eléctrica. La desconexión tuvo un efecto inmediato en las redes de distribución: se registró una reducción del 50% de la energía demandada y, lo más importante, los cortes descendieron en un 90 por ciento.

A la vista de este resultado, desde Endesa se subraya que la situación requiere una intervención coordinada y sostenida por parte de todas las instituciones: administraciones públicas, cuerpos de seguridad del Estado, poder judicial, servicios sociales y operadores del sistema eléctrico, pero también considera que se ha de contemplar un cambio en el Código Penal, ya que entiende que el actual marco normativo respecto a los delitos de defraudación de fluido eléctrico y el cultivo de cannabis es muy laxo, lo que también propicia la expansión de esta práctica.