El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, y el ex asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, acusados junto a otras cuatro personas en el caso Saqueo por desviar dinero del Consistorio entre 1991 y 1995, se desvincularon ayer de los delitos que se les imputan. Mientras que Roca negó ayer que utilizara sus sociedades para distraer dinero del erario público y afirmó que "personas" del Ayuntamiento las usaron indebidamente, Sierra atribuyó al alcalde fallecido toda la responsabilidad de lo que sucedía en Marbella.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide para los seis acusados por el desvío de más de 36 millones del Ayuntamiento penas de entre 8 y 10 años de cárcel, los acusa de urdir un "artificio contable" para distraer los fondos mediante la creación de unas sociedades municipales con las que, bajo la excusa de gestionar a través de ellas la actividad del Consistorio, sustrajeron el dinero.

Para desviar ese dinero, utilizaron supuestas facturas "que no respondían a ningún servicio real prestado ni a operación económica alguna" y que eran emitidas por "sociedades inactivas" por un importe equivalente al de los fondos desviados. Esas mercantiles -Dintak SA, Cantera Nasok SA, Contratas Peninsulares SA y Contratas El Plantío SA-, según el escrito fiscal, fueron adquiridas por Roca a nombre de su madre por 240.404,84 euros y constaban como proveedoras de la sociedades municipales.

El ex asesor declaró que eran para él, pero que siempre usó a su madre "para temas fiscales", y explicó que las adquirió a instancias del ex alcalde fallecido Jesús Gil, que le aconsejó su compra porque una de las dos sociedades que el acusado poseía había quebrado y las necesitaba para poder operar con ellas.

Roca recalcó que "nunca" las "puso a disposición de nadie", que no cobró ni tampoco pagó "absolutamente nada" de ellas e, incluso precisó que no modificó los administradores porque no prestaban ningún servicio.

Preguntado por la fiscal Belén Suárez si esa "inactividad" no respondería a su intención de llevarse dinero de los fondos públicos, Roca sostuvo que esa apreciación no responde a la realidad y ha dicho que "es tanto como pensar que Hacienda es tonta".

Roca aseguró que no existía contabilidad B en "Planeamiento 2000" -sociedad municipal de la que él era gerente- porque todos sus ingresos provenían del Ayuntamiento y agregó que "las contabilidades B se hacen cuando hay ingresos B, cuando hay pagos que no son oficiales". Respecto a las notas que figuran en las agendas de Manuel Jorge Castel -considerado el contable del entramado financiero creado por los acusados- en las que se reflejan pagos en B, Roca consideró que "esas anotaciones no son reales" y que aparecen cantidades que se contradicen unas con otras. Añadió que la única explicación que encuentra es que "esos folios están manipulados" y sostuvo que nunca había hablado con Castel. Agregó que "si Castel me llama a mí para preguntarme por datos B, me da un ataque de risa porque no existe contabilidad B en Planeamiento 2000".

Roca apuntó que los pagos de esta sociedad municipal "estaban justificados perfectamente" y añadió que la estructura del Ayuntamiento marbellí era "lineal: después de Gil, todos los demás".

José Luis Sierra aseguró que todas las decisiones las tomaba el ex alcalde y que "nadie respiraba allí sin su orden expresa". Sierra precisó que las sociedades municipales "las dirigía Gil y el gerente de cada una de ellas". También destacó que "si alguien alguna vez hacía algo, aunque fuese lógico, sin su permiso (de Gil), al día siguiente tenía que buscarse otro trabajo".

La fiscal pide para Roca y Sierra sendas condenas de 10 años de prisión por malversación de caudales y falsedad documental.