La dimensión del macrojuicio ha obligado a los responsables de su preparación a no dejar nada al azar y para saber a lo que se enfrentan han recurrido al asesoramiento del magistrado malagueño Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con gran relevancia mediática ya que fue el presidente de la sala que enjuición los atentados del 11-M en Madrid. Además, se ha habilitado un búnker para custodiar la documentación original y las piezas de convicción. Debido a la envergadura del proceso, el fiscal anticorrupción será auxiliado por dos compañeros, y los abogados se ayudarán entre ellos para afrontar un caso que tendrá una duración mínima de un año.

Las sesiones tendrán un seguimiento masivo en toda España no sólo por la relevancia social y económica de algunos de los acusados, sino también por la trascendencia mediática de otros, así como por la diversidad, naturaleza y entidad de los delitos que se les imputan. Debido a ello se han habilitado unas dependencias para que el público que no pueda acceder a la sala de vistas siga el proceso a través de los monitores de televisión y desde una sala especial habilitada para los periodistas, estos puedan grabar sonido e imágenes para servir la gran cantidad de espacios que tratarán el juicio.