La Comisión Europea pidió al Gobierno limpiar los terrenos de Palomares en 2019

La asociación Ecologistas en Acción en Almería ha presentado ante la Audiencia Nacional su escrito definitivo de conclusiones en el que exige la descontaminación radiactiva de Palomares y ha aportado un informe de la Comisión Europea de 2019 que instaba al Gobierno de España a informar sobre los progresos del plan de remediación definitivo "antes de finales de 2021". El documento es un informe técnico elaborado por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea tras una misión de verificación efectuada entre el 18 y el 20 de junio de 2019, bajo el amparo del artículo 35 del Tratado Euratom.

En sus conclusiones, el equipo verificador señaló que la recomendación de limpieza emitida en 2010 "no se ha implementado", ante lo que la Comisión solicitó a las autoridades españolas conocer los avances del plan de rehabilitación final antes de concluir 2021, advirtiendo de que valoraría la necesidad de realizar una nueva inspección de seguimiento.Tras estos antecedentes, Ecologistas en Acción ha pedido en su escrito a la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo que fije un plazo máximo de tres años para dejar la zona libre de radiactividad.

La asociación ha argumentado que el Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP), redactado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) en 2010, establecía precisamente un cronograma de tres años para concluir los trabajos de limpieza. Ha rechazado el argumento de la Abogacía del Estado, que califica la contaminación de Palomares como un caso de "exposición existente" y ha señalado que la zona constituye un almacenamiento ilegal de residuos radiactivos sin licencia.

El escrito de Ecologistas en Acción detalla que, tras el accidente ocurrido en 1966, el Ejército de Estados Unidos realizó enterramientos clandestinos dejando material a 30 centímetros de profundidad en 16,6 hectáreas, y a 25 centímetros en otras 87 hectáreas. Además, ha denunciado la construcción de dos enormes fosas de 1.000 y 3.000 metros cúbicos llenas de residuos separados con material aislante, así como el uso de dos contenedores agrícolas y una caseta en el centro del pueblo para guardar material radiactivo al amparo de una simple alambrada.

El letrado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) aplica normativas que permiten recibir hasta 20 milisievert al año (el equivalente a 200 radiografías de tórax), en lugar de aplicar el límite general para el público de 1 milisievert anual.

Por otro lado, la ONG ha incidido en que la presencia de plutonio y americio no se circunscribe exclusivamente al área vallada y ha dejado constancia de una presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa y a la tutela judicial efectiva por la denegación por parte del tribunal de las declaraciones de cuatro peritos y testigos propuestos por su parte.