La defensa de Antonio Fernández denuncia la situación "kafkiana" de su cliente por seguir en prisión

La defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández tiene desde este martes la sentencia del Tribunal Constitucional que anula su condena por el caso de los ERE, pero el fallo sigue sin ser comunicado a la Audiencia de Sevilla, que no ha podido por tanto pronunciarse sobre la excarcelación del ex alto cargo como ha ocurrido con los otros condenados por el delito de malversación.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a Antonio Fernández, ha explicado a este periódico que en el día de hoy, "una vez firmada electrónicamente por el Tribunal, ha sido formalmente notificada la sentencia por la que se concede amparo constitucional al Sr. Fernández y quedan anuladas las sentencias de su condena. Sin embargo, el interesado sigue en prisión. Y no encuentro explicación al trato desigual que, en relación a otros demandantes de amparo, recibe mi cliente en este momento".

Estos otros demandantes, porque era "lo justo y lo único posible" tras la anulación de sus sentencias de condena, ya han recuperado la libertad después de que desde el Tribunal Constitucional de inmediato se remitiera a la Audiencia Provincial "un simple anticipo del fallo, incluso estando aún sus sentencias sin formal promulgación y firma", ha aseverado el letrado, que ha criticado que Antonio Fernández "permanece en prisión a pesar de haber visto, exactamente como los demás, parcialmente estimada su demanda de amparo y consecuentemente anulada su sentencia de condena".

La razón de esta "situación insólita", ha proseguido, es que "no se ha producido comunicación alguna desde el Tribunal Constitucional a la Audiencia Provincial de Sevilla y ésta no considera suficiente ni la publicación de la sentencia en la web del Tribunal Constitucional, ni la formal notificación de la misma a la parte en un proceso no seguido ante la propia Sala".

La Audiencia de Sevilla entiende como "condición imprescindible", antes de adoptar ninguna decisión sobre la situación personal del ex consejero Antonio Fernández que desde la corte de garantías le sea "directamente comunicada la sentencia, o su fallo, igual que en el caso de los otros demandantes de amparo. Lo cual resulta comprensible y así lo hemos de asumir", ha precisado Alfonso Martínez del Hoyo.

La Sección Primera ya se ha dirigido formalmente al Tribunal Constitucional requiriendo esa comunicación. Por su parte, desde el Tribunal Constitucional se ha dictado hoy una diligencia acordando la remisión de la sentencia al Tribunal Supremo y a la Audiencia de Sevilla. "Sin precisar cuándo, ni por qué medios o celeridad se hará tal comunicación. Esta situación, verdaderamente kafkiana, es a mi juicio gravísimamente lesiva del supremo derecho a la libertad personal de Antonio Fernández García, que no debería permanecer privado de libertad ni un minuto más, además de suponer un tratamiento discriminatorio y desigual para el Sr. Fernández en relación a otros justiciables en su misma e idéntica situación de sentencia de condena anulada, todo lo cual, como abogado defensor, no puedo consentir ni permanecer impasible ante ello, sino que me veo en la obligación de denunciar con firmeza, tal como ya lo vengo haciendo en los últimos días y singularmente mediante escrito presentado en el día de ayer ante el TC, al que no ha habido por ahora reacción”, ha concluido.

En la misma situación de Fernández se encuentra el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, quien continúan en prisión a pesar de que la corte de garantías también ha anulado la sentencia que lo condenó a penas de cárcel. Como en los casos de Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, la corte de garantías estimó parcialmente los recursos de amparo de Fernández y Rodríguez Román en el Pleno del pasado miércoles, 3 de julio, pero a diferencia de los anteriores no se anticipó el fallo de sus sentencias a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de decidir sobre su posible salida de prisión mientras se dicta la nueva resolución ordenada por la corte de garantías.

Esa notificación sigue sin llegar a la Audiencia de Sevilla, dándose además la circunstancia de que en la tarde del pasado viernes el Tribunal Constitucional publicó a las tres en su página web las sentencias de ambos ex altos cargos.

En el caso de Fernández, que fue condenado a siete años y once meses de prisión, la sentencia del Constitucional ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia acotando el delito de malversación a la participación del ex consejero de Empleo en las modificaciones presupuestarias del programa 22E de los años 2000 y 2001 y la concesión de ayudas sociolaborales con los créditos dispuestos conforme a ellas; y también en lo que se refiere a la diposición de fondos en el programa 31L "en ausencia o desviación de su fin público".

Sobre Jesús María Rodríguez Román, la nueva sentencia deberá pronunciarse sobre la malversación sólo en relación con las modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001 por las que se incrementaron los créditos de la partida 22E; y también por el delito de prevaricación por su intervención en la aprobación de esas modificaciones de la 22E y también de la modificación presupuestaria del 9 de diciembre de 2004 para el incremento del crédito presupuestario del programa 32H.