La Guardia Civil mantiene una operación abierta contra las bandas especializadas en la sustracción de cables de cobre de diferentes empresas y fincas rústicas de la provincia y zona sur de Sevila, cuyo punto culminante se produjo ayer con la detención de doce personas y la imputación de otras once en distintas localidades de la provincia. Más de una veintena de personas ha sido apresada en otras fases.

La mayoría de los implicados es de nacionalidad española, aunque también han sido apresados varios ciudadanos rumanos. Más de cien agentes del instituto armado realizaron ayer un total de 34 registros en distintas naves y empresas. Se han intervenido 120.000 kilos de cobre, así como 370 tubos de regadío y 2.100 metros de cable de riego. La gran parte de este material ha sido hallado en chatarrerías de la zona donde los detenidos las vendían supuestamente por lo que varios propietarios de este tipo de negocios han sido imputados.

En la operación han sido apresados cinco jerezanos: un vecino de Guadalcacín, J. A. G. G., de 52 años, como presunto autor de un robo en la finca San Juan; y tres jóvenes, F. M. C., de 19, A. M. G., de la misma edad y R. G. A., de 24, como presuntos autores de un robo de materiales en las instalaciones de Urbaser. Un quinto jerezano, J. M. C. R., ha sido detenido en Conil, tras ser sorprendido cuando circulaba con un coche cargado con más de 200 kilos de cobre. Intentó darse a la fuga y fue arrestado. Posteriormente la autoridad judicial ordenó su ingreso en calidad de preventivo.

La Guardia Civil puntualizó que el origen de la investigación radica en la detección en la zona de la campiña jerezana de un rebrote de robos de cobre en la zona rural, "siendo estos cada vez más frecuentes y con mayores daños para sus propietarios", como ya señaló este medio. La organización agraria Asaja se quejó también de la proliferación de estos robos que dejaron sin riego a numerosas explotaciones mientras que los propietarios de éstas reponían lo sustraído.

Durante el transcurso de las inspecciones fueron detectadas un total de 87 infracciones en materia medioambiental, por carecer de autorización para la gestión de residuos urbanos, peligrosos y RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Como se señala, varios propietarios de chatarrerías y desguaces han sido imputados como presuntos autores de un delito de receptación -comprar supuestamente el material a sabiendas de que podía tener un origen ilícito-.

Los principales escenarios de estos robos han sido fincas agrícolas, empresas, estaciones de reciclaje, urbanizaciones en construcción, centros docentes e instalaciones de alumbrado público, "muchas de ellas ubicadas en la campiña jerezana", reiteró ayer el instituto armado, que no da por cerrada la operación Aeris por lo que no se descartan nuevas imputaciones y detenciones.