Francisco Javier Guerrero Benítez, antaño director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y supuesto partícipe, según la Policía Judicial, de la supuesta trama organizada para introducir prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo al objeto del cobro ilegal de sus rentas, cree "desafortunada" y "mal entendida" la expresión de "fondo de reptiles" que él mismo había utilizado ante los investigadores para describir los 647.869.157,45 euros librados durante nueve años para ayudas a la reestructuración de empresas en crisis.

Guerrero, mediante un comunicado, se ha desligado de esta trama y ha aclarado que tales subvenciones, consideradas irregulares por la Policía Judicial, constituían un "fondo para apuros" destinado a combatir los "desajustes del mundo laboral".

En su comunicado, Francisco Javier Guerrero defiende su labor al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía porque, según asegura, fue desplegada "dentro del marco de la legalidad establecida", por "delegación de competencias del titular de la Consejería de Empleo" y "con las cuentas fiscalizadas y auditadas".

El papel de Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social es, en estos momentos, uno de los puntales de los que arranca la investigación emprendida por la Policía Judicial en cuanto a esta trama de formalización de prejubilaciones fraudulentas que suma ya once detenciones. Y es que la Policía Judicial había puestos sus ojos en el "nuevo sistema" de ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo o reestructuración de "empresas en crisis" creado por Guerrero al desembarcar en el citado cargo.

Gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la última de las instituciones se convertía en la "pagadora" de estas subvenciones "evitando los controles y la fiscalización propia" de este tipo de libramientos, según la Policía Judicial. Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. "Prueba evidente es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiarias", señala un atestado policial, que cuantifica en 647.869.157,45 la cuantía de ayudas librada mediante este método.

El significado del "fondo de reptiles"

La declaración de Francisco Javier Guerrero en calidad de testigo ante los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial había desencadenado una intensa polémica al describir este ex alto cargo del Gobierno andaluz los citados 647,8 millones de euros como "un fondo de reptiles". Dado el caso, Francisco Javier Guerrero alega en este comunicado que él tenía "mal entendido" el significado de la expresión "fondo de reptiles", pues "para mí, siempre ha tenido el sentido de un fondo para apuros, no con intención de hablar de nada oculto ni fuera de la Ley", sino para "garantizar" recursos para afrontar "los graves problemas de tipo social derivados de los desajustes del mundo laboral andaluz".

A tal efecto, ha defendido en este comunicado que la Administración autonómica "consignaba año tras año una partida presupuestaria para las crisis" de las empresas andaluzas, en alusión al mencionado fondo. Así, y toda vez que el libramiento de estas ayudas mediante el mencionado convenio con el IFA fue censurado por la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía, Guerrero ha asegurado que realizó su labor durante nueve años "con las cuentas fiscalizadas y auditadas, actuando siempre por delegación del titular de la Consejería de Empleo y en cada momento dentro del marco de la legalidad establecida. No se puede ser tan ruin de medir mi gestión por una frase desafortunada", lamenta.

"Ayudas a título individual" a personas "excluidas"

Las ayudas en cuestión, según esgrime Guerrero "se han concedido a título individual" para personas "excluidas por crisis de empresas o sectores" pero a la vez "mandatadas por empresas, organizaciones sindicales, ayuntamientos, corporaciones de derecho público, etcétera". La Consejería de Empleo, en este marco, ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla un total de 37 posibles prejubilaciones fraudulentas como las descubiertas en los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2005 y 2007 por el restaurante Río Grande y el mercando central de abastos de Sevilla, respectivamente. En estos dos citados casos, se trata de personas prejubiladas en cada una de estas empresas pese a que jamás habían formado parte de sus plantillas, extremo confirmado por las propias compañías e incluso los beneficiarios de las rentas en cuestión.

Francisco Javier Guerrero, a quien el PSOE ha incoado un expediente de expulsión a cuenta de su papel en los hechos, ha negado ser "autor o partícipe de ninguna trama", pues "toda mi gestión se ha hecho de acuerdo con los instrumentos de gestión que me han otorgado". Así, concluye su comunicado lamentando el "brutal juicio paralelo" que alega sufrir y reclama a la opinión pública y a los poderes que atienden a "mi declaración firmada" y no "el informe y valoraciones de la Policía Judicial".