La presentación de la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en varios municipios de la provincia que, en esencia supone la regularización de cerca de 750 hectáreas que pasarán a ser consideradas como tales y poder ser regadas, ha traspasado las fronteras regionales. Tras unos días de debate nacional a golpe de share, la polémica llega a las instituciones europeas, precisamente las que primero amenazaron con sanciones si la medida se llevaba a la práctica.

Tres europarlamentarios de sendas formaciones políticas explican cómo se vive desde la sede del Parlamento Europeo una polémica que regresa de nuevo a las instituciones europeas para decidir sobre el futuro de la Proposición. Juan Ignacio Zoido del PP; Lina Gálvez del PSOE y Soraya Rodríguez de Ciudadanos, cumplen con lo que sus formaciones han expresado en territorio nacional, aunque cada uno esgrime los matices que le dan la distancia que separa sus funciones de los propios límites del Parque Nacional.

Juan Ignacio Zoido tiene pocas dudas a la hora de expresar lo vivido en las últimas semanas: "en los cuatro años que llevo como eurodiputado, no había visto una deslealtad tan grande, en ningún otro país de la Unión Europea". Se refiere al hecho de lo escuchado por los dirigentes del Ejecutivo central en las instituciones europeas que responde, según su criterio a que "conforme mejor le va a un Gobierno (por el de Juanma Moreno), más dramática es la oposición".

Juan Ignacio Zoido, europarlamentario del PP.

En este caso "no les ha importado desprestigiar a la Junta de Andalucía, con tal de conseguir réditos electorales". Su experiencia política le lleva a considerar que "desde un sitio como el Parlamento europeo, puedo decir que se trata de hablar, dialogar y llegar a acuerdos", como la única manera de "conseguir superar las diferencias, pero no del modo que se ha hecho de ninguna de las maneras. La constitución de la Comisión Bilateral puede ser el camino para trasladar a la opinión pública que Doñana se va a conservar".

Zoido considera que es el Gobierno quien "se ha dedicado a lanzar bulos y descalificaciones. Nosotros hemos dado todas las explicaciones que se han solicitado y se ha dejado claro que el acuífero no se toca y que la proposición no tiene nada que ver con el Parque, porque se habla sólo de aguas superficiales". El ex ministro también recordó al "falta de compromiso del Ejecutivo de España con las obras hidráulicas, en especial con un trasvase aprobado en 2018 y todavía no ejecutado, o con los 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía en los que nada se hizo".

Por último quiso "pedir que no se dañe la reputación de Andalucía y de los freseros de la provincia de Huelva, porque fruto de esta campaña, ya estamos viendo etiquetas en algunos supermercados que dicen que son procedentes no de Huelva; eso es una criminalización de un sector del que depende la riqueza de una comarca y de una provincia entera".

Lina Gálvez, europarlamentaria del PSOE.

"Esta iniciativa es una barbaridad, que pone en peligro Doñana, daña la reputación de la marca Huelva en los frutos rojos y por tanto, juega con el pan de muchas familias, juega con los recursos comunes de todos los españoles ya que nos expone a sanciones económicas, y pone en peligro el trabajo que hacemos en las instituciones europeas". Así se expresa la eurodiputada socialista, Lina Gálvez, quien considera también que "es increíble que se ponga esto sobre la mesa, salvo que miremos al calendario electoral".

La sevillana asegura que "esta torpeza nos puede salir muy cara, también porque otros productores van a tachar nuestros productos de malos para el medio ambiente, para Doñana. El daño reputacional está ya hecho y será peor cuanto más tarde en pararse".

También es "partidaria de que el gobierno de Moreno Bonilla se siente con el Gobierno Central, pero dentro de los márgenes de la legalidad y no incumpliendo el derecho ambiental europeo como hace esta sentencia", por lo que expone que lo primero que debería hacerse es "parar la iniciativa y buscar una solución negociada", aunque matiza que "si esto hubiera sucedido en Cataluña, el propio PP y VOX habrían pedido con urgencia la aplicación del 155". 

"Aquí la gente está alucinada y enfadada. Doñana es un símbolo, es una joya y hay muchísima preocupación en Europa, donde la sensibilidad medioambiental es muy importante. Nadie entiende cómo es posible que se esté planteando algo así", resume Gálvez.

Soraya Rodríguez, europarlamentaria por Ciudadanos.

Soraya Rodríguez, representante de Ciudadanos en la Eurocámara, asegura que "esta medida es un despropósito" a pesar de que el partido en el que ahora milita (procede del PSOE), presentó una casi idéntica el año pasado. Ahora, considera que "es evidente que la medida afecta al parque nacional de Doñana, y evidentemente, de llevarse a cabo, producirá un daño irreparable". 

Pese a que hace unos meses ya se conocía la resolución del Alto Tribunal de la UE, Rodríguez señala "la sentencia de 2021 confirmaba que las administraciones responsables están incumpliendo las leyes europeas aplicables a este paraje natural, provocando un grave daño a la biodiversidad. El gobierno andaluz está haciendo oídos sordos a estos avisos. La consecuencia es un mayor deterioro del parque natural hasta su total desertificación".

Rodríguez apunta también a que "se necesita un diálogo entre todas las administraciones pertinentes, un diálogo que con honestidad y partiendo de la situación real y dramática en que se encuentra el humedal, concluya la puesta en marcha todas las medidas necesarias para la restauración del Parque" y considera que "es un desastre utilizar Doñana como un arma electoral entre los partidos".

La eurodiputada recuerda que "la Comisión mantiene una atención prioritaria a lo que está sucediendo en Doñana y ha amenazado con volver al Tribunal de Justicia de la UE para pedir la imposición de una multa. Por parte del Parlamento Europeo hay también una gran movilización. Por nuestra parte desde el grupo Renew Europe al que pertenece Ciudadanos estamos movilizados para que se pongan en marcha todos los instrumentos que tenemos desde la UE para impedir que se lleve a cabo una medida que sería una catástrofe".