El titular del Juzgado de instrucción número 1 de Ciutadella, Juan Pablo Molina, junto a dos forenses y los abogados de las partes, ha supervisado este viernes la exhumación de los restos de los supuestos abuelos de una mujer residente en Málaga que reclama ser reconocida como hija de un millonario cuyo cuerpo fue incinerado.

La demandante es una mujer de 77 años que reclama la parte legítima de una herencia de unos 40 millones de euros que se repartieron los sobrinos de José María de Olivar Despujol, un noble menorquín que murió sin descendencia reconocida, por lo que su fortuna quedó para sus sobrinos. Uno de ellos es sevillano.

El abogado de la demandante, el también sevillano Fernando Osuna, ha atendido a los medios antes de asistir a la exhumación y ha recordado que la mujer nació fruto de una relación de noviazgo entre su madre y el magnate, que no aceptó el embarazo. Al no poder analizar el ADN del supuesto padre porque fue incinerado al morirse, se solicitó a los posibles tíos que se sometieran a las pruebas, pero también se negaron.

"No nos gusta exhumar cadáveres, pero cuando no hay más remedio no queda otra vía, a pesar de ser drástica e incómoda. La otra parte se ha negado a colaborar en todo momento", ha señalado el letrado, que se ha mostrado confiado en demostrar la relación familiar entre la demandante y su presunto progenitor por vía indirecta a partir de los restos de los supuestos abuelos.

"Si la prueba de ADN es afirmativa, se demostraría la paternidad en un 99%, aunque también existen testigos, documentos y otras obviedades. Esta prueba es la prueba reina, la que determina una sentencia favorable", ha asegurado.

Entre las pruebas aportadas por la demandante figuran el gran parecido físico con el presunto padre, las cartas que se cruzaron este y la madre, los ingresos bancarios efectuados por él para ayudarla con su educación o el hecho de llevar el primer apellido de su hipotético progenitor en las notas escolares.

Una vez extraídas las muestras de ADN de los cuerpos, para lo cual se han necesitado un par de horas, se remitirán al Instituto Nacional de Toxicología. "Creemos que en uno o dos meses tendremos el resultado y el juez fijará la fecha para la vista oral. Esperemos que sea pronto porque llevamos tres años en este proceso", ha deseado Osuna.

Si demuestra el vínculo familiar, la demandante tendría derecho a una cuarta parte de la herencia, que se calcula en torno a los 40 millones de euros. Entre los bienes figuran palacios, casas, cuentas bancarias, obras de arte y terrenos rústicos.