Los farmacéuticos rechazaron ayer de plano el paquete de propuestas sectoriales que incluía el proyecto del SAS de adoptar medidas concretas para lograr ahorros adicionales en la factura pública de medicamentos. Tras diez meses de accidentadas negociaciones entre representantes del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) y de la Administración sanitaria, este desencuentro rompe una etapa de 15 años de entendimiento que ha hecho posible que la receta electrónica o la prescripción por principio activo sean realidades enraizadas en la sanidad andaluza y exportables a otros territorios del Estado.

La reacción de la Junta no se hizo esperar. Tras conocer que el Cacof rechazaba la ratificación del acuerdo, la consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció que el SAS denunciará el convenio que rige las relaciones con los colegios hasta 2012 y que, en dos meses, esas condiciones dejarán de estar en vigor. Montero explicó algunas de las consecuencias de la ruptura: ya no hay compromiso de plazos de pago conveniado entre el SAS y los farmacéuticos para abonarles las facturas, la Administración se reserva la opción de sacar del canal farmacia los medicamentos y productos sanitarios que considere oportunos para su dispensación en distritos y hospitales y, a partir de ahora, la Junta será el proveedor de todos los centros sociosanitarios de la comunidad. De momento (esto es sólo el principio), ése es el precio a pagar por un sector que, a ojos de la Administración, no entiende que la crisis obliga a buscar ahorros en la partida de 2.000 millones de euros anuales que la sanidad pública andaluza paga en medicamentos dispensados en las farmacias.

El núcleo de lo que iba a ser el Plan de Estabilidad para la Farmacia Andaluza estaba en la denominada subasta de medicamentos. Una idea alambicada, con fortalezas jurídicas reconocidas por algunos de sus más acérrimos opositores y que la Administración quería ubicar (por razones de seguridad política, más que legal) en un acuerdo entre partes, el convenio plurianual entre el SAS y el Cacof. El SAS habría querido que los colegios hubieran sido sus socios en este viaje pero, al final, la negativa de siete de las ocho asambleas provinciales celebradas días atrás (Cádiz dijo sí) llevaron ayer a los 14 notables del Consejo a rechazar las "medidas impuestas" por la Consejería.

De haber prosperado la propuesta de la Junta, el SAS habría obtenido ventajas en la cuantía de la factura final de determinados productos mediante la identificación del proveedor que ofreciese mejores condiciones, a través de una licitación. Ese proveedor suministraría el producto a un almacén distribuidor y éste a las oficinas de farmacia. Los márgenes de la distribución y las boticas sobre los respectivos segmentos del precio nacional de esos medicamentos serían respetados. Cuando, meses atrás, se planteó la idea, los colegios, respaldados por la industria farmacéutica y las empresas de distribución, se opusieron a lo que entendían, además de un nuevo hachazo a sus ingresos, una aventura de dudosa legalidad por entender que rompía la cohesión del Sistema Nacional de Salud (Andalucía ofrecería una prestación farmacéutica diferenciada) y su mercado y, además, alteraría precios, una competencia del Gobierno central. Ayer fue el día en que se dijo definitivamente no a ese proyecto. Y en que los farmacéuticos empezarás a analizar los costes, internos y externos, de su decisión.