La Fiscalía archiva las denuncias contra los ex consejeros Jesús Aguirre y Catalina García por los cribados

Los ex consejeros de Salud Jesús Aguirre y Catalina García no cometieron ningún delito en el caso de los errores en los programas de cribados del cáncer de mama. Así lo ha decidido la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía que los estaba investigando ya que se trata de dos personas aforadas, puesto que ambos son diputados en el Parlamento Andaluz, y que ha decretado el archivo de las denuncias presentadas contra ellos. La investigación se abrió tras las denuncias por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mamá contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que han ocupado los puestos en el periodo denunciado, entre los que se encuentran también la ex consejera de Salud, Rocío Hernández, la ex viceconsejera, María Luisa del Moral, y la gerente del SAS, Valle García, la única que sigue en su puesto. Hay que tener en cuenta que estos tres altos cargos no son aforados.

La Fiscalía de Andalucía ha remitido las diligencias de investigación a las Fiscalías Provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las dieciséis mujeres que han denunciado, para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.

Las denuncias se presentaron a lo largo del mes de octubre, cuando saltó el escándalo de los errores en los programas de detección precoz, por la Asociación del Paciente, dieciséis mujeres afectadas y los partidos Adelante Andalucía y IU.

En las diligencias de investigación preprocesales, que realiza la Fiscalía de Andalucía sobre las tres denuncias presentadas y de las declaraciones en sus escritos de las dieciséis mujeres afectadas más el informe y documentación que aporta la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias, el decreto señala que los hechos se refieren a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes o “dudosos”, falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las victimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

Si bien en los hechos denunciados por las mujeres, según señala el escrito, no existe un patrón que pueda unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos e indica que “han de ser investigados de manera individual y separada”.

El decreto de la Fiscalía también recoge cómo algunas denuncias exponen manifestaciones de carácter general sin precisión alguna relativas a las deficiencias del protocolo del cribado de cáncer de mama y una investigación más prospectiva seria contraria al derecho fundamental de la intimidad y al derecho a que nadie conozca datos, especialmente, sensibles a la salud de todas aquellas mujeres que han decidido libremente no someter sus casos a la investigación de la Fiscalía y restringirlos al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.