Los agentes de la Guardia Civil que investigaron posibles irregularidades en la gestión de Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) entre 1986 y 2019, no sólo vieron “verosimilitud” en la denuncia realizada por particulares y opositores del entonces mandamás del balompié regional, sino que advirtieron “cosas burdas”. De hecho, como presumieron que existía una “organización criminal”, pidieron al Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla que declarara el secreto de sumario “para así investigar más cosas”, pero no pudo ser. Y bien que lo lamentan: “Era el primer peldaño de la escalera, pero ya nos vemos en la Audiencia del tirón”, llegó a decir ayer uno de ellos ante la Sección Séptima.

La segunda sesión del juicio contra Herrera y su entonces delegado en Huelva Félix Pérez Romón, ambos acusados de malversar en 2009 una subvención pública de 78.895,65 euros del Consejo Superior de Deportes (CSD) para mejorar la iluminación de los campos de La Orden y de apropiarse de unos 6.500 euros, fue algo más que un compendio de testimonios desfavorables a quien dirigió el fútbol andaluz durante más de tres décadas. El actual secretario general de la RFAF, José Antonio Pernía, también le prestó un poco de oxígeno al asegurar que la Federación sí controlaba las subvenciones que recibía de organismos públicos, como el CSD, en especial “porque había que justificarlo ante la Española”, cofirmante del convenio que permitía librar esos fondos.

El testigo más llamativo fue el instructor de los dos atestados sobre los que el juez montó esta pieza de la causa. El agente empezó a notar “anomalías” cuando la documentación que le mandó la RFAF “no cuadraba” con la enviada por el CSD. Esta última citaba un proyecto de iluminación y en la primera aparecían “obras complementarias”. “Ni siquiera la firma de los presupuestos cuadraba”, recordó el testigo.

Además, las empresas que supuestamente habían pujado para hacer la obra “no tenían actividad desde 2003 o 2004, no existían”. Este crucial punto fue respaldado por su compañero y, sobre todo, por el dueño de una de esas sociedades: “En esa fecha yo ya estaba jubilado. Nosotros apenas teníamos dos peones y un oficial, ¿cómo voy yo a montar torretas de iluminación?”, declaró el hombre desde Huelva.

Hubo tensión entre Alaya y el abogado de Herrera y un toque al acusado por llamar mentiroso a un guardia civil

La Guardia Civil visitó la instalación ocho años después de la obra y comprobó que en vez de trece postes con redes para que los balones no se embarcasen, como había justificado la RFAF, había ocho. Pérez alegó que quizás los robaron. “El secretario de la Federación Onubense, que llevaba 22 años allí, nos dijo que si los hubieran sustraído se habría denunciado”, replicó el primer agente. Aquel testigo, ya fallecido, también les contó que “todas las obras” de la RFAF en Huelva “habían sido realizadas por las empresas de Félix Pérez”. El hijo de este último, también acusado, reconoció este miércoles que dejó de hacer trabajos para la Federación Onubense cuando su padre dejó de presidirla.

Y en cuanto a su disconformidad con que la autoridad no les permitiese ahondar en la investigación... “Seguimos el trazo de los 41.000 euros que sí pasaron a Huelva, pero los otros 37.000 que entraron en la RFAF no los encontramos. No pudimos seguir más”, comentó el instructor. “Nadie nos dio nada de los 37.000; desaparecieron y no nos dejaron acceder a las cuentas. Serían el juez o la fiscal, por proteger los derechos fundamentales de las personas”, indicó el segundo agente. Entre uno y otro, episodios de tensión entre la presidenta del tribunal y el abogado de Herrera y un toque de la magistrada Mercedes Alaya al principal acusado por hablar al testigo –lo acusó de contar “mentiras”– y por “llevar toda la mañana haciendo gestos”.