La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza civil de 1,7 millones a dos empresarios de Surcolor, Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias tras su implicación en la causa de los ERE fraudulentos. Alaya recuerda en un nuevo auto que las indemnizaciones para el ERE que se hizo en Surcolor "deberían haber sido abonadas por la empresa" pero los imputados contactaron con el conseguidor Juan Lanzas y las ayudas las pagó la Junta. Además en este expediente se incluyeron dos intrusos: José Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla), y José Antonio Márquez, concuñado del ex delegado de Empleo Antonio Rivas.