El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra ha criticado este lunes, en el informe del Ministerio Público en el juicio del "procedimiento específico" de los ERE, que una decisión política no puede amparar que las ayudas se concedan "sin presentar un solo papel" por parte de los beneficiarios de estas ayudas.

El representante del Ministerio Público ha analizado los cargos que se atribuyen a los 21 ex altos cargos por un delito continuado de prevaricación en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos, y ha sostenido que el "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas es "injusto y arbitrario". El fiscal ha señalado que es consciente de que hubiera una "decisión política" para otorgar ayudas para paliar los procesos de crisis y reestructuraciones empresariales en el periodo investigado (2000-2009), pero ha indicadoque una decisión política no puede amparar que las ayudas se concedan "sin sujetarse al procedimiento de subvenciones, sin control, sin justificación de los beneficiarios y sin que estos tengan que presentan un solo papel para obtenerla".

La Fiscalía se ha preguntado si sólo 77 empresas cuyos ex trabajadores recibieron ayudas sociolaborales y las otras 200 empresas que se beneficiaron de las ayudas eran las únicas en toda Andalucía que tenían problemas, y ha contestado que era imposible que lo conocerían el resto de empresas, que "se han visto privadas de unas ayudas que podrían haber evitado el cierre", y ha lamentado que, según un testigo o un perito, se hablara de "apoyo selectivo, no generalizado" en relación con estas ayudas, un adjetivo que para el fiscal "no parece justo".

Para la acusación pública, el conjunto de decisiones de los encausados posibilitó que "sólo una mínima parte de los ex trabajadores o empresas con dificultades pudiera acceder a las ayudas" o que percibieran unas cantidades mayores a las que les correspondían en condiciones normales.

El fiscal ha hablado del delito de prevaricación por omisión, al no hacer nada para cambiar la situación, y también se ha referido a la malversación, al afirmar que "no existe la más mínima duda de que el mecanismo de movilización de los fondos públicos ha permitido el uso para finalidades distintas alejadas al interés público", algo que "era conocido y buscado por los encausados" por el delito de malversación, respecto de los cuales ha opinado que "no se puede alegar desconocimiento".

Para el Ministerio Público, la "gravedad de los incumplimientos y reparos" de la Intervención -como las ayudas concedidas sin sujeción a procedimiento alguno, sin control y sin necesidad de acreditar quién era el beneficiario- "permitió el enriquecimiento de empresas y de terceros con esos fondos públicos".

El fiscal ha criticado que el ex director de Trabajo y principal acusado Javier Guerrero podría manejar los fondos públicos "a su antojo" y ha considerado que a través de estas ayudas "simplemente se facilitaba a las empresas que adelgazaran sus plantillas sin el coste que esto supone".