La Junta exige a Montero aclarar los casos de acoso en Torremolinos y el de Salazar

Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz, ha solicitado explicaciones contundentes al Partido Socialista sobre dos casos de presunto acoso sexual que han sacudido a la formación en los últimos meses. La dirigente andaluza ha señalado directamente a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, exigiéndole que aclare las denuncias contra el ex dirigente socialista Francisco Salazar y el reciente caso del secretario general de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro.

"En política no solo se trata de pedir disculpas, hay que asumir responsabilidades y hay que conocer la verdad", ha manifestado España durante su visita al Árbol de la Ilusión del Club de Leones en Málaga. La consejera ha planteado interrogantes directos sobre la gestión interna de estas denuncias en el PSOE, cuestionando si se ocultaron pruebas o quién dio la orden para que las denuncias no se tramitaran correctamente. De forma más incisiva, ha preguntado si, como señalan algunas federaciones socialistas, "Montero era una de las personas que abroncaba a las mujeres que denunciaban para que retiraran las denuncias y así no romper la carrera política del señor Salazar".

El caso más reciente afecta directamente a Antonio Navarro, secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), contra quien el PSOE ha abierto un expediente disciplinario tras la denuncia de una militante por presunto acoso sexual. Como medida cautelar, la formación política ha suspendido su militancia mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes.

Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer en noviembre de 2024, la militante habría comenzado a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas" durante el último trimestre de 2021. La afectada señala que estos mensajes le generaron "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante", siendo enviados tanto en el entorno laboral como fuera de él, incluso en horario nocturno.

La Fiscalía ya ha iniciado diligencias preprocesales para investigar estos hechos, mientras crece la presión sobre la dirección socialista para dar respuestas claras sobre su gestión interna de los casos de acoso sexual dentro del partido.

El segundo caso que ha mencionado la consejera Carolina España es el del ex dirigente socialista Francisco Salazar, una situación que ha generado un notable malestar interno en las filas del PSOE. Diversos cargos del partido han manifestado su preocupación por la gestión de estas denuncias y han instado a la secretaría de Organización, actualmente dirigida por Rebeca Torró, a resolver esta crisis con urgencia.

De manera significativa, las mujeres socialistas han expresado públicamente su descontento tras conocerse las denuncias de acoso sexual contra el exasesor, solicitando "explicaciones convincentes" a la dirección del partido. Esta situación ha puesto de relieve posibles deficiencias en los protocolos internos para gestionar casos de acoso dentro de la formación política.

Carolina España ha insistido en que en estos casos se habrían producido dos niveles distintos de violencia contra las mujeres: por un lado, el supuesto acoso sexual en sí mismo, y por otro, la presunta presión ejercida sobre las víctimas para que retiraran sus denuncias, lo que constituiría una forma de revictimización.

La consejera andaluza ha subrayado la necesidad de esclarecer completamente los hechos para garantizar que "en el siglo XXI no se repitan situaciones de machismo". En sus declaraciones, España ha calificado estos comportamientos como "muy humillantes" y como una forma de "despreciar a las mujeres", añadiendo que "ya estamos cansados de tanto desprecio y de tanto maltrato, porque al final todo suma".

La portavoz del Gobierno andaluz ha insistido en que tanto la sociedad como las instituciones tienen el derecho de conocer la verdad sobre estos casos y de recibir garantías de que situaciones similares no volverán a producirse dentro de organizaciones políticas. Esta posición refleja una exigencia de mayor transparencia y responsabilidad en la gestión interna de los partidos cuando se enfrentan a denuncias de acoso sexual.