La ministra presiona a la Junta para que aplique la Ley de Vivienda: “El alquiler baja el 5%”

La disputa entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía a cuenta de la Ley de Vivienda dió este martes un salto político. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedía a Andalucía que “entre en razón” y aplique la normativa estatal. Para ello ponía los datos sobre la mesa. Según su información, la aplicación de la normativa estatal baja los precios del alquiler de las viviendas entre un 4,8 y un 5% al declarar zonas tensionadas. Unas reducciones de las que disfrutan 8,28 millones de personas en toda España que viven en zonas donde se está aplicando la norma que impide subir el alquiler y recoge incentivos para los propietarios porque una bajada de precio del 5% implica un beneficio fiscal de un 90%. Hay que tener en cuenta que la ley establece una serie de bonificaciones fiscales para que los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior.

Disparidad de criterios

Pero hay comunidades, como Andalucía, que no utilizan esta parte de la legislación porque entienden que invade las competencias autonómicas. Un argumento que ha avalado el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno andaluz junto a otras comunidades gobernadas por el PP. Esto significa que el Gobierno andaluz no tiene obligación de aplicar estos artículos de la ley estatal y que esas decisiones sobre el precio del alquiler, como todas las que afectan a la vivienda protegida, el parque público y el régimen sancionador, son competencias exclusiva de la Consejería de Fomento.

El debate no es sólo de competencias, sino ideológico. Desde el Gobierno central defienden que estas medidas de protección benefician a los ciudadanos; la Junta argumenta que son “intervencionistas” y que sirven para aumentar el precio que se paga por las viviendas.

La ministra Isabel Rodríguez aseguraba que no comprende cómo en Málaga no se ha declarado aún la ciudad como zona tensionada, una medida que permitiría poder poner topes al precio del alquiler en la ciudad. “No entiendo lo que pasa en Andalucía. Si Málaga es una de las ciudades más imposibles de nuestro país, no se están aplicando estas medidas de contención de precios y de activación de mecanismos extraordinarios para construir más vivienda asequible”.

Rodríguez aseguró que en Barcelona, el primero de los puntos tensionados donde se puso en vigor la ley y lleva ya más de un año, “hemos conseguido bajar el precio entre un 4,8% y un 5% los precios del alquiler sin que afecte a la oferta. Se han firmado 11.000 contratos nuevos”. Por esto ha pedido a las comunidades autónomas donde aún no lo aplican que se adhieran a la ley de vivienda.

Por todo ello, dice que la ciudadanía no comprende “que otras comunidades autónomas que también tienen este problema”, en las que es “imposible” acceder a una vivienda, no apliquen “estos instrumentos en beneficio de la gente”. “Espero que ante la evidencia de que la Ley de Vivienda funciona, que consigue bajar los precios y que nos hace invertir más en estos territorios a las administraciones públicas, todos vayamos entrando en razón en beneficio de la gente que sufre el problema de acceso a la vivienda”.

Zonas tensionadas

La Ley por el derecho a la vivienda establece que las zonas tensionadas pueden ser aquellas en las que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler haya subido de forma notable en los cinco últimos años, lo que permite limitar los precios del alquiler.

Rodríguez hacía estas declaraciones después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase la declaración como zona tensionada de San Sebastián, A Coruña y Pamplona, junto con otros 20 municipios de Navarra, con lo que se eleva a 301 municipios los que ya han sido declarados tensionados para el alquiler en cuatro comunidades autónomas. San Sebastián es la primera capital de provincia del País Vasco declarada como zona tensionada.